Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com — La creciente ola de demandas laborales contra el Estado enciende alarmas en el aparato público tras revelarse que el monto acumulado podría superar los 25 mil millones de lempiras, una cifra que amenaza con tensionar las finanzas nacionales en el corto plazo. El titular de la Secretaría de Trabajo, Fernando Puerto, advirtió que el impacto no solo es económico, sino estructural, al evidenciar fallas en los procesos de despido dentro del sector público.
Según explicó, numerosos empleados han sido separados bajo la modalidad de despido directo sin causa justificada, lo que ha derivado en una avalancha de acciones legales. Como resultado, en los casos con sentencia firme, el Estado ha debido ejecutar reintegros laborales, pago de prestaciones, salarios caídos, además de enfrentar embargos judiciales que elevan aún más la carga financiera.
El funcionario subrayó que esta situación ha provocado una mora judicial crítica, con audiencias programadas hasta los años 2031 e incluso 2032, lo que prolonga la incertidumbre tanto para el Estado como para los demandantes. Este retraso podría extender los procesos hasta por una década, generando un efecto acumulativo difícil de contener.
Las cifras reflejan la magnitud del problema: entre 2019 y 2024, los tribunales ordenaron pagos que superan los 12 mil millones de lempiras, mientras que solo entre 2022 y 2023 se desembolsaron más de 4,400 millones en concepto de indemnizaciones por despidos injustificados. Este ritmo de crecimiento plantea un escenario fiscal delicado que podría comprometer programas sociales, inversión pública e incluso la estabilidad presupuestaria. Redacción Laura V.V.