La defensora de derechos humanos y dirigente garífuna Miriam Miranda denunció una presunta intervención policial contra integrantes de la comunidad garífuna que mantenían un plantón en Cayo Menor, parte del archipiélago de Cayos Cochinos, en el departamento de Atlántida, al noreste de Honduras.
A través de publicaciones en sus redes sociales, Miranda aseguró que los manifestantes fueron reprimidos mientras desarrollaban una protesta que, según su versión, era de carácter pacífico.
El grupo se habría instalado en la zona para expresar su rechazo a la realización de un reality show español en el archipiélago, particularmente por considerar que la actividad coincide con el período de desove de las tortugas marinas.
La dirigente sostuvo además que los manifestantes son beneficiarios de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con Cayos Cochinos y que dicha resolución establece obligaciones para el Estado hondureño en materia de consulta previa.
Miranda afirmó que durante el operativo estuvieron presentes agentes de diferentes instituciones de seguridad del Estado.
Según su denuncia, en el lugar se encontraban miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Naval de Honduras, además de un representante de la Procuraduría General de la República.
Investigar abusos
La defensora señaló que la presencia de estos funcionarios habría tenido como objetivo intimidar a los integrantes de la comunidad y desalojar el campamento instalado en la zona.
También denunció la destrucción de las casas de campaña y aseguró que algunas pertenencias de los manifestantes fueron retiradas durante la intervención. Entre los hechos denunciados figura una presunta agresión contra una de las integrantes del grupo, identificada como Mabel Robledo.
Miranda responsabilizó a los agentes que participaron en el operativo por cualquier daño que pudieran sufrir los integrantes de la comunidad y pidió que se investigue lo ocurrido.
Reclamo por la consulta previa
El conflicto se vincula con la exigencia de la comunidad garífuna de participar en las decisiones sobre actividades en Cayos Cochinos.
Miranda recordó que la sentencia de la Corte IDH establece obligaciones para el Estado hondureño, entre ellas la realización de procesos de consulta previa antes de autorizar determinadas actividades en el archipiélago.
La dirigente sostiene que la realización del programa de televisión extranjero no habría cumplido con ese proceso. La protesta buscaba precisamente llamar la atención sobre esta situación y exigir que las disposiciones del tribunal interamericano sean respetadas.
En sus publicaciones, Miranda mencionó directamente al subcomisionado policial Denis Zelaya, a quien señaló de haber ordenado acciones contra el campamento de los manifestantes.
La defensora afirmó que, bajo esa orden, habrían sido destruidas las estructuras instaladas por los garífunas y quemadas algunas colchonetas.
Estas afirmaciones corresponden a la denuncia pública de Miranda. Hasta el momento, su versión es la única difundida públicamente sobre los hechos; queda pendiente la posición oficial de las instituciones señaladas.
Llamado a organismos de derechos humanos
Ante lo ocurrido, Miranda convocó a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos a trasladarse a Cayos Cochinos para verificar directamente la situación.
La defensora pidió que se documente lo sucedido y que se determine si durante la intervención de los cuerpos de seguridad se produjeron vulneraciones a los derechos de los manifestantes.
El llamado también busca que se dé seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la sentencia de la Corte Interamericana.
La situación en Cayos Cochinos se desarrolla en medio de una discusión que involucra derechos territoriales de comunidades garífunas, protección ambiental y el desarrollo de actividades turísticas y audiovisuales en el archipiélago.
La presencia de un equipo vinculado con una producción televisiva extranjera generó cuestionamientos por parte de los manifestantes, quienes consideran que la actividad requiere un proceso de consulta con las comunidades. A esto se suma la preocupación ambiental expresada por los garífunas, dado que las actividades coincidirían con el período de desove de las tortugas marinas.
Para Miranda, el problema no se limita a la instalación del campamento o a la realización del programa de televisión. Su denuncia apunta al cumplimiento de una resolución internacional que, según sostiene, obliga al Estado hondureño a garantizar la participación de las comunidades antes de permitir determinadas actividades en el territorio.
La dirigente también exigió el cese de cualquier acción que pueda considerarse represiva contra los manifestantes y reclamó el respeto de los derechos reconocidos a las comunidades garífunas.
La versión oficial, pendiente
Los hechos denunciados colocan bajo escrutinio la relación entre las fuerzas de seguridad y las comunidades garífunas, especialmente cuando existen disputas sobre territorio, actividades económicas y cumplimiento de decisiones internacionales.
La principal exigencia de Miranda es que el Estado respete las obligaciones derivadas de la sentencia de la Corte IDH y garantice los mecanismos de consulta correspondientes.
Mientras las organizaciones de derechos humanos evalúan el llamado de la dirigente, queda pendiente conocer la posición oficial de las instituciones señaladas sobre el operativo, las razones que motivaron la presencia de las fuerzas de seguridad y las circunstancias en que fueron retiradas o destruidas las estructuras instaladas por los manifestantes. Con información de Infobae