El exfiscal general de la República y exministro de Defensa, Edmundo Orellana, ha levantado serias dudas sobre la transparencia y la legalidad de las acciones emprendidas por el Ministerio Público en relación con el caso de Koriun Inversiones, una empresa que ha sido señalada por operar bajo un esquema Ponzi, afectando a cientos de personas que confiaron en sus servicios. El exfuncionario expresó su preocupación tras señalar que, a pesar de las denuncias presentadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y la posterior intervención de la empresa, no se ha iniciado un proceso judicial formal contra los responsables, lo que genera interrogantes sobre la legalidad de las acciones tomadas por las autoridades en este caso.
A través de su cuenta en X, Edmundo Orellana manifestó: «Si lo que hace es ilegal, ¿por qué sigue operando? Si los socios responden penalmente por la gestión ilegal, ¿por qué nadie ha sido acusado?«. Estas palabras reflejan el desconcierto que genera la falta de acciones concretas y la aparente impunidad de los responsables, a pesar de las serias acusaciones contra la empresa. La intervención de la CNBS parece no haber sido suficiente para frenar las operaciones de la empresa, que continúa atrayendo nuevos clientes bajo la promesa de rendimientos elevados, lo que refuerza la duda de si realmente se está abordando el caso con la seriedad que requiere.
Orellana no solo cuestionó la inacción del Ministerio Público, sino que también planteó dudas sobre la devolución de fondos a los afectados sin la autorización judicial adecuada. «Es procedente devolver los fondos a los afectados sin que exista una autorización judicial? ¿Estamos actuando conforme a la ley?», se preguntó. Este cuestionamiento subraya el posible vacío legal en el manejo de los fondos recaudados por la empresa y la falta de garantías para los afectados.
El también exministro de Defensa también se mostró escéptico sobre la decisión de liquidar la empresa sin contar con el respaldo legal adecuado, considerando que Koriun Inversiones no está registrada como entidad financiera. Según Orellana, esta falta de registro podría estar violando la normativa vigente en Honduras, lo que añade una capa de complejidad legal al proceso.
Además, Orellana alertó sobre el impacto negativo que este tipo de decisiones mal fundamentadas pueden tener sobre la seguridad jurídica del país. En sus declaraciones, el exfiscal advirtió que el manejo inadecuado de este caso podría socavar la confianza en el sistema judicial y afectar la estabilidad de las inversiones en el país. «La seguridad jurídica es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico y social, y cualquier error en la administración de este caso podría tener repercusiones a largo plazo», subrayó.
Orellana también se refirió a la responsabilidad de las autoridades para garantizar que se sigan los procedimientos legales adecuados, ya que este tipo de casos no solo involucran una posible estafa financiera, sino que también afectan el bienestar de miles de familias hondureñas que han sido víctimas de esta operación. En este contexto, su llamado es claro: exigir justicia y transparencia en todas las etapas del proceso. Redacción Laura V.V.
