Tegucigalpa, Honduras.- La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, ha manifestado sus reservas respecto a la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne. Este proyecto, impulsado por el Gobierno de Honduras, ya ha recibido la aprobación de su licencia ambiental por parte de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). Sin embargo, varios sectores se oponen al proyecto por las implicaciones ambientales y económicas que éste traería.
Dogu comparó dicho proyecto con experiencias previas en Estados Unidos y México. «En los Estados Unidos hemos tratado de tener cárceles en islas lejos de la tierra, como la famosa Alcatraz en San Francisco, y ha sido bastante difícil mantener una cárcel tan lejos y tan aislada«, explicó. Subrayó las dificultades logísticas de mantener una prisión en una ubicación remota y sostuvo que «es muy complicado mantener esto porque tiene que llevar todo, incluido los oficiales que van a trabajar allá, comida, mantenimiento, agua, energía y todo esto desde lejos«.
El pasado 4 de julio, el Gobierno de Honduras, a través de SERNA, anunció la aprobación de la licencia ambiental para la construcción de una mega cárcel en las Islas del Cisne, situadas a 250 kilómetros de Islas de la Bahía. Este proyecto ha generado tanto interés como preocupación debido a los desafíos logísticos que implica.
Dogu sugirió que las autoridades hondureñas consideren los obstáculos y costos asociados con operar una cárcel en una isla remota. Añadió que «México también ha tenido una cárcel en una isla. Yo he trabajado como oficial consular y fue muy difícil visitar a los oficiales o a los prisioneros. Creo que México también ha decidido no hacer esto».
La embajadora destacó que los desafíos logísticos no deben ser subestimados y que la experiencia de Estados Unidos y México puede servir como lección. «Es esencial evaluar todos los costos y dificultades operacionales antes de proceder con este tipo de proyectos», afirmó. La embajadora subrayó que se debe considerar la sostenibilidad y viabilidad a largo plazo de una cárcel en una isla.
A pesar de la aprobación ambiental, la embajadora hizo un llamado a una evaluación más exhaustiva de los posibles impactos ambientales y económicos. Resaltó la importancia de la transparencia y consulta con las comunidades afectadas por el proyecto.
En conclusión, las reservas expresadas por la embajadora Dogu reflejan una preocupación genuina por las implicaciones a largo plazo del proyecto. Su llamado a considerar las lecciones del pasado y a evaluar cuidadosamente todos los aspectos logísticos y económicos es una recomendación prudente para las autoridades hondureñas. Redacción Ruth Corrales.