Estados Unidos decidió evitar el intercambio de información sensible con España luego de que fuentes policiales del país europeo, involucradas en las negociaciones con Huawei, confirmaron que la CIA había elaborado un informe previo sobre los riesgos de adjudicar a la empresa china la gestión de escuchas judiciales y policiales en España.
Este informe, según las mismas fuentes, fue determinante para que el Gobierno estadounidense considerara la situación como un asunto de máxima gravedad, al punto de analizar la existencia de lo que denominan “backdoors” en los sistemas gestionados por compañías chinas. En términos técnicos, una “backdoor” es una puerta trasera en un sistema informático que permite el acceso no autorizado a los datos, incluso si el sistema aparenta estar protegido.
En este contexto, Estados Unidos ha decidido poner en cuarentena sus intercambios de datos de inteligencia con España, una medida que, según fuentes policiales citadas por el medio, responde a la percepción de deslealtad del Gobierno de Pedro Sánchez.
La decisión se produce tras la adjudicación a Huawei de un contrato valorado en 12,3 millones de euros para suministrar servidores al sistema SITEL, la plataforma utilizada por las fuerzas de seguridad españolas para intervenir comunicaciones bajo autorización judicial.
La carta que formaliza la advertencia fue firmada por el senador Tom Cotton y el congresista Rick Crawford, quienes acusan al Ejecutivo español de “jugar con fuego” al permitir que una empresa vinculada al Partido Comunista Chino acceda a sistemas de intercepción telefónica de la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.
En el documento, se subraya que Huawei debe colaborar con los servicios de inteligencia chinos, lo que implica que toda la información sensible, incluidos datos procedentes de Estados Unidos, podría terminar en manos del espionaje de Beijing.
La preocupación estadounidense no es aislada. Países como Reino Unido, Alemania, Francia y Suecia ya han prohibido el uso de Huawei en redes 5G y sistemas críticos, alineándose con las recomendaciones de seguridad de la OTAN y la Unión Europea.
A pesar de estas advertencias, el Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido su relación tecnológica con la compañía china, incluso en áreas de alta sensibilidad como la custodia de escuchas judiciales. Esta postura ha generado fricciones con los aliados occidentales, que ven en la decisión española una vulnerabilidad estratégica.
El trasfondo político añade complejidad al asunto. Según fuentes policiales citadas, la influencia de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido determinante para que Huawei conserve su posición como proveedor de infraestructura para el almacenamiento de escuchas telefónicas de la Policía Nacional y el CNI.
No solo el expresidente habría facilitado los contactos de la empresa en España, sino que Segundo Martínez, quien fue su responsable de Seguridad en la Moncloa y actualmente trabaja en Huawei, también habría desempeñado un papel clave en las gestiones internas para mantener el contrato. De este modo, la compañía china, que ha enfrentado innumerables vetos nacionales en la Unión Europea y Estados Unidos por su vinculación con el Gobierno chino, ha logrado implantarse en uno de los sistemas más sensibles del Estado español.
La reacción de Estados Unidos se fundamenta en el temor a que la información compartida en el marco de los acuerdos bilaterales de inteligencia pueda ser comprometida. El Congreso estadounidense, a través de la carta firmada por Cotton y Crawford, ha instado a revisar los acuerdos con España ante el riesgo de que datos estratégicos terminen en manos de China.
La advertencia es clara: “El Ejecutivo de Pedro Sánchez está jugando con fuego” al permitir que una empresa con obligaciones legales de colaboración con los servicios de inteligencia chinos gestione sistemas de intercepción de comunicaciones.
El caso ilustra cómo la tecnología y la geopolítica se entrelazan en el ámbito de la seguridad nacional. La decisión de España de adjudicar a Huawei la gestión de un sistema tan crítico como SITEL ha provocado una reacción inmediata de Estados Unidos, que ha optado por suspender temporalmente el intercambio de inteligencia, a la espera de una revisión de los acuerdos bilaterales y de garantías sobre la protección de la información compartida. Con información de Infobae