Tegucigalpa, Honduras.- El escándalo del “cheque-video” ha sacudido con fuerza los cimientos del poder político en Honduras, exhibiendo las viejas prácticas de clientelismo y corrupción que persisten, ahora bajo el manto del Partido Libertad y Refundación (LIBRE).
El video que circula en redes sociales muestra a la diputada Isis Cuéllar, junto al exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), discutiendo con total naturalidad la entrega de cheques millonarios presuntamente destinados a fines electorales. Para muchos, constituye la prueba viva del desvío de fondos públicos con el único propósito de fortalecer estructuras políticas, algo que atropella la ética y la ley.
El caso ha puesto bajo los reflectores un esquema más amplio y turbio de subvenciones y fondos sociales manejados con absoluta discrecionalidad, sin mecanismos claros de transparencia ni fiscalización. Según diversas denuncias, estos recursos habrían sido utilizados para comprar lealtades políticas, financiar campañas y asegurar estructuras territoriales, consolidando así el poder a costa del dinero del pueblo.
Enrique Yllescas, exdiputado del Congreso Nacional, fue directo al señalar el problema estructural:
“Hoy que todo esto sale a luz, me honra haber mantenido mi palabra con Cortés. Jamás me presté a estas prácticas corruptas. Mi nombre no aparecerá entre quienes mancharon el voto popular con dinero del Estado”, publicó en un mensaje que encendió el debate público.
Sin embargo, Yllescas advirtió que mientras no exista un verdadero contrapeso externo, como fue la MACCIH (Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras), no habrá ni justicia ni castigo.
“Con este gobierno y esta institucionalidad no habrá investigaciones serias. Probablemente solo veremos justicia cuando regrese una MACCIH independiente”, sentenció.
Organizaciones de sociedad civil y voces opositoras coinciden en que este escándalo debe ser el punto de quiebre para exigir una comisión internacional anticorrupción, capaz de investigar sin presiones políticas. Sin una entidad autónoma, temen que los delitos quedarán impunes, como tantos otros que duermen en los archivos polvorientos del Ministerio Público.
El “cheque-video” se convierte así en el espejo que refleja las deformaciones del poder en Honduras: clientelismo disfrazado de ayuda social, caudillos que reparten fondos como si fueran de su bolsillo y un sistema que premia al corrupto con impunidad. La presión ciudadana crece, con marchas y campañas digitales que exigen “¡MACCIH YA!”, en un país donde el hartazgo se traduce en desconfianza y frustración.
Mientras tanto, la indignación pública se alimenta con cada nuevo dato que surge sobre el manejo oscuro de los recursos públicos. Miles de hondureños reclaman una respuesta contundente para acabar con los pactos de silencio, que hasta hoy han garantizado que los verdaderos responsables jamás rindan cuentas ante la justicia. Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com