Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – La crisis política derivada del proceso electoral de 2025 vuelve a encender el debate nacional tras las declaraciones del empresario y dirigente político Enrique Yllescas, quien afirmó que el Congreso Nacional debe valorar seriamente un juicio político, dejando de lado cálculos partidarios para esclarecer los hechos que marcaron uno de los episodios más controversiales de la democracia reciente.
Para Yllescas, los comicios dejaron un país profundamente dividido, con una ciudadanía que expresó su voto en medio de desconfianza hacia los partidos políticos y hacia instituciones que mostraron signos evidentes de debilidad.
“Las elecciones dejaron cicatrices profundas en Honduras. Reflejaron polarización, cuestionamientos al sistema político y fragilidad institucional, pero también evidenciaron la firme determinación democrática del pueblo hondureño”, sostuvo.
El análisis del exvicepresidente del Congreso se centra en lo ocurrido entre las elecciones primarias y las generales, periodo que —según afirma— mostró un deterioro institucional que hoy exige respuestas claras para la historia política del país.
Uno de los puntos más críticos de su señalamiento se dirige al interior del Consejo Nacional Electoral, donde cuestionó la actuación del consejero Marlon Ochoa. Según Yllescas, el propio funcionario se convirtió en el único testigo directo de irregularidades denunciadas dentro del organismo electoral.
Ochoa ha mencionado públicamente la posibilidad de fraude en resultados presidenciales, legislativos y municipales, afirmaciones que, de acuerdo con Yllescas, obligan a plantear una interrogante clave para la democracia hondureña: ¿cuántas actas no fueron escrutadas correctamente y quién resultó beneficiado de esos resultados?
El empresario-político también sostuvo que la conducta del consejero incidió en el desarrollo del proceso electoral al ausentarse en varias sesiones del pleno del CNE, lo que provocó bloqueos administrativos que retrasaron decisiones críticas del cronograma electoral.
Además, indicó que durante el proceso se presentaron denuncias penales contra actuaciones técnicas del propio Consejo, generando —según su interpretación— un ambiente que terminó obstaculizando el escrutinio general y especial de votos.
El debate también alcanzó al Ministerio Público, ya que Yllescas afirmó que el fiscal general Johel Zelaya mantuvo una participación activa en el contexto electoral. Entre las acciones mencionadas destacan investigaciones contra autoridades electorales, solicitudes de antejuicio contra magistrados del Tribunal de Justicia Electoral y allanamientos en instalaciones del CNE.
Otro punto polémico señalado por Yllescas fue la falta de posicionamientos claros de algunas instituciones de control. Según indicó, la dirección del Consejo Nacional Anticorrupción no se pronunció sobre quiénes fueron los verdaderos electos, pese a que posteriormente surgieron elementos que alimentan el debate público.
“Estamos frente a dos patrones institucionales preocupantes: retraso deliberado de decisiones dentro del CNE y uso selectivo de acciones penales en medio de un proceso electoral altamente sensible”, advirtió.
Ante esta situación, el dirigente político considera que el Congreso Nacional debe evaluar si corresponde iniciar un juicio político, un mecanismo constitucional que, en su opinión, podría servir para restablecer la confianza en las instituciones democráticas.
Desde HonduPrensa.Com sostenemos que la crisis electoral de 2025 evidencia la urgencia de una reforma integral del sistema electoral hondureño, que incluya auditoría total del padrón electoral, digitalización auditada del escrutinio, vigilancia internacional permanente, responsabilidades penales claras para funcionarios electorales y publicación inmediata de actas verificables en línea.
Sin estas transformaciones estructurales, expertos advierten que Honduras podría enfrentar una creciente erosión de la confianza ciudadana en las elecciones, poniendo en riesgo la estabilidad democrática del país.
Yllescas concluyó con un mensaje directo al poder legislativo: “Si el Congreso decide abrir un juicio político, deberá hacerlo con objetividad. Si decide no hacerlo, tendrá que explicar al país por qué estos hechos no merecen control constitucional”.
La discusión ya está instalada en la agenda nacional. La pregunta ahora recorre el país: ¿habrá voluntad política para investigar lo ocurrido en las elecciones de 2025?. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com