Tegucigalpa, Honduras.- La defensa de la democracia hondureña vuelve al centro del debate público tras el enérgico pronunciamiento de la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, quien pidió la judicialización inmediata de los responsables de intentar boicotear el proceso electoral general de 2025.
La académica fue contundente: quienes atentaron contra la institucionalidad, promovieron el boicot electoral o buscaron desestabilizar el proceso deben ser investigados hasta las últimas consecuencias. “Quienes hicieron ese daño, tienen que ser investigados, judicializados, recibir lo que en ley corresponda”, subrayó, en un mensaje que resuena en medio de un clima político aún marcado por tensiones poselectorales.
El señalamiento adquiere mayor peso al considerar las denuncias públicas realizadas por las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, Cossette López, quienes afirmaron haber enfrentado una “campaña de odio sin límite”, amenazas contra sus familias e incluso intentos de sabotaje institucional destinados a frenar la declaratoria oficial de resultados.
Hall reveló que tanto ella como su colega fueron víctimas de acoso sistemático tras los comicios de noviembre de 2025. En su denuncia pública, advirtió que existieron maniobras coordinadas para impedir la conclusión del proceso electoral, señalando directamente a estructuras vinculadas al Partido Libertad y Refundación (Libre). Según su versión, el objetivo era obstaculizar la oficialización de los resultados, vulnerando la voluntad popular.
Por su parte, López denunció un prolongado silencio institucional. Aseguró que han transcurrido más de 105 días sin respuesta judicial ante sus denuncias por hostigamiento, lo que —según afirmó— evidencia un preocupante bloqueo en el sistema de justicia. También pidió la apertura de procesos políticos contra quienes, a su juicio, instrumentalizaron la ley con fines partidarios.
En este contexto, Castellanos fue enfática al rechazar cualquier intento de negociación política que implique cuotas de impunidad. Señaló que el Partido Nacional no debe pactar con Libre ningún acuerdo que garantice protección a quienes habrían participado en acciones que atentaron contra la transparencia electoral.
El trasfondo del debate trasciende nombres propios. Lo que está en juego —según analistas consultados— es la credibilidad del sistema democrático, la fortaleza del Estado de derecho, la capacidad de las instituciones para sancionar a quienes intenten socavar la voluntad ciudadana. Redacción Wendoly V.V.