Tegucigalpa, Honduras.- La falta de voluntad política para combatir la corrupción en Honduras ha erosionado la confianza de los ciudadanos en las instituciones del país, reveló la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en su tercer informe de la serie «Estado de país 2025».
Según el análisis, la corrupción sigue impactando gravemente las condiciones de vida de la población más vulnerable, mientras que las instituciones encargadas de fiscalizar y controlar el uso de los recursos públicos siguen siendo subfinanciadas. De hecho, entre 2022 y 2024, las instituciones de control recibieron solo el 0.4% del Presupuesto General de la República, una cifra que refleja la baja prioridad que se le ha dado a la lucha contra la corrupción en el país. En contraste, el Congreso Nacional recibió un presupuesto 25% mayor al de las instituciones de control, lo que pone en evidencia las prioridades del gobierno en el gasto público.
Las estadísticas sobre la respuesta estatal al combate de la corrupción también son alarmantes. En 2024, solo el 5.1% de las auditorías realizadas por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) fueron enviadas al Ministerio Público (MP), y la efectividad de las fiscalías anticorrupción fue de apenas el 1.1%. De las 2,535 denuncias recibidas por el MP, solo 129 derivaron en acciones legales, resultando en 28 sentencias condenatorias. En cuanto al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), aunque las solicitudes de acceso a la información son altas, el IAIP tarda un año en resolver los casos, cuando la ley establece un plazo de solo 10 días hábiles.
Pese a que el gobierno ha implementado acciones como el Plan de Acción de Estado Abierto Honduras 2023-2025, con un cumplimiento del 36% de sus compromisos, los avances en la lucha contra la corrupción siguen siendo limitados. En 2024, Honduras alcanzó su peor puntaje histórico en el Índice de Percepción de la Corrupción y, por decimoquinto año consecutivo, se mantuvo fuera de la Cuenta del Milenio debido a la falta de avances en el control de la corrupción.
Los resultados internacionales también reflejan la gravedad del problema. En el Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit, Honduras ocupa uno de los últimos lugares en América, y en el Índice de Estado de Derecho de World Justice Project, a pesar de una ligera mejora, solo supera a Nicaragua en la región.
Según un sondeo realizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), 7 de cada 10 hondureños creen que la corrupción es generalizada en las instituciones gubernamentales y partidos políticos.
Recomendaciones urgentes: Ante este sombrío panorama, la ASJ instó al Poder Ejecutivo a desarrollar mecanismos de monitoreo más efectivos para las iniciativas anticorrupción, fortalecer la autonomía y financiamiento de las instituciones encargadas de la fiscalización y avanzar en la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH). Asimismo, se hace un llamado al Congreso Nacional para que cumpla sus funciones constitucionales con mayor transparencia y reforme las normativas que otorgan excesivo poder discrecional a la Junta Directiva, priorizando la legislación necesaria para combatir la corrupción.
Conclusión: La corrupción sigue siendo uno de los mayores desafíos para el desarrollo y la estabilidad de Honduras. Una acción decidida y un compromiso genuino por parte del gobierno y las instituciones son esenciales para restaurar la confianza de la ciudadanía y mejorar las condiciones de vida de los hondureños más vulnerables. Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com