Tegucigalpa, Honduras.- El fiscal Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), emitió fuertes declaraciones tras la difusión de un video que expone el presunto uso indebido de recursos públicos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y que compromete a figuras políticas del Partido Libertad y Refundación (LIBRE).
En el material audiovisual, se escucha a la diputada Isis Cuéllar conversando con el ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, revelando una posible maniobra de desvío de fondos supuestamente disfrazados como ayudas sociales a través de cheques entregados a personas afines al oficialismo.
“Lo que se expone en ese video es alarmante. Si se confirma su autenticidad, estamos ante un esquema típico de corrupción estructural, similar al de Hermes y Helios, donde los fondos públicos eran repartidos en cheques para luego ser recobrados en efectivo por operadores políticos”, afirmó Santos.
El fiscal fue enfático al señalar que estas prácticas constituyen delitos graves, ya que implican malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, falsedad documental y lavado de activos si el dinero es reintegrado a una red.
“En estos casos, no sólo es responsable quien cambia el cheque, sino también quien ordena el pago, quien lo entrega, y quien se beneficia del dinero público”, explicó, advirtiendo que podría existir una red criminal organizada al interior del Estado.
Santos desmontó la defensa del ministro Cardona, quien públicamente ha insistido en que todo se ha manejado con transparencia. Sin embargo, el fiscal remarcó que los indicios son suficientemente graves para abrir una investigación penal inmediata.
“No importa cuántas veces lo repitan: entregar un cheque a una persona para que lo cambie y luego devuelva el dinero en efectivo no es un trámite legal, es un delito”, sentenció Santos.
Según dos listados institucionales en poder del Ministerio Público, al menos 65 personas recibieron un total de 5,666,581.35 lempiras bajo conceptos de apoyo social como emprendimientos, asistencia educativa y reparaciones de vivienda, sin que hasta ahora se haya comprobado que los fondos realmente llegaron a sus destinatarios.
Estos movimientos repiten patrones históricos de corrupción gubernamental: el uso de beneficiarios fantasma, fondos sin fiscalización y pagos disfrazados como programas sociales para beneficiar intereses políticos, principalmente en temporadas preelectorales.
“Nos enfrentamos a una posible reproducción del clientelismo corrupto, usando la pobreza y la necesidad del pueblo como escudo para lavar dinero público”, advirtió Santos.
La UFERCO ya ha solicitado documentación oficial a Sedesol, y no descarta llamar a declarar a funcionarios actuales, exdiputados y posibles beneficiarios. El Ministerio Público analiza la posibilidad de intervención judicial, dado el riesgo de obstrucción de pruebas.
Este nuevo escándalo refuerza el llamado a la creación de una comisión internacional contra la impunidad, como mecanismo para asegurar que la lucha contra la corrupción no dependa de la voluntad de quienes ostentan el poder. Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com