Tegucigalpa, Honduras.- La Fiscalía de Honduras, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), mantiene congelados los pagos que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe realizar a los proveedores de servicios contratados para las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025. La medida es parte de una investigación penal en curso que involucra varios contratos, incluidos los relacionados con el transporte de material electoral y la impresión de papeletas.
Congelamiento de pagos y consecuencias legales
El Ministerio Público ha decomisado los expedientes originales de los contratos, lo que ha paralizado el proceso administrativo y obstaculiza el cumplimiento de las obligaciones financieras del CNE. En respuesta, los consejeros del CNE advirtieron que podrían enfrentar consecuencias civiles y penales si autorizan pagos sin el respaldo adecuado, lo que motivó una carta formal al fiscal general Johel Zelaya pidiendo una orientación clara sobre cómo proceder.
Contratos involucrados
Uno de los contratos más relevantes afectado por esta situación es el CNE-PEP-UCCE-010-2025, adjudicado a diez empresas, que cubre una serie de servicios esenciales para el proceso electoral. Este contrato incluye nueve tomos con documentos técnicos, legales y financieros, pero debido a la intervención del MP, el CNE no ha podido ejecutar las garantías ni avanzar con los desembolsos correspondientes.
Recomendaciones legales
El equipo legal del CNE ha recomendado cumplir con los contratos y aplicar las cláusulas penales por los retrasos ocasionados por la situación actual. También se sugiere pagar únicamente por los servicios efectivamente ejecutados, ya que en el caso del transporte electoral, se reportó cumplimiento en 16 de los 18 departamentos, y algunas imprentas también cumplieron con los términos acordados.
Riesgos y consecuencias
El dictamen jurídico de la institución alertó que, de no proceder con los pagos, el CNE se expone a demandas por daños y perjuicios, lo que podría dañar su imagen y generar desconfianza entre futuros proveedores. Esta incertidumbre podría afectar la organización de las elecciones generales de noviembre de 2025, un proceso clave para el país.
Parálisis y expectativa
Hasta el momento, el MP no ha emitido ninguna respuesta formal, lo que mantiene paralizada la operatividad financiera del CNE y alimenta la incertidumbre sobre la viabilidad de los futuros procesos electorales. Las autoridades del CNE, junto con los proveedores, esperan una pronta resolución para evitar un impacto negativo en la credibilidad del sistema electoral hondureño. Redacción Martha C.C.