Shroff argumentó que durante la audiencia de información clasificada del 28 de junio pasado, el tribunal no abordó la sección 5 del CIPA, la cual demanda una “Notificación de la intención del acusado de divulgar información” durante el juicio, lo que resultó en la ausencia de establecimiento de fechas límites específicas, por ello no debería haber peligro de no utilizar dicha información.

En ese sentido, Fiscales envió una carta a Castel, pidiendo “disculpa por cualquier malentendido de las Órdenes de la Corte con respecto al cronograma de CIPA en este asunto”.

El documento proporciona un marco legal e histórico de las órdenes judiciales y las fechas correspondientes, aclara que el Gobierno de Estados Unidos está dispuesto a acatar el cronograma del tribunal y responderá a cualquier presentación de Hernandez hecha antes del 9 de agosto, teniendo en cuenta que el juicio está programado para el 5 de febrero de 2024.

“En caso de que la fecha límite del 9 de agosto no incluya la notificación de la Sección 5 de CIPA de Hernández, el Gobierno respetuosamente solicita que el Tribunal establezca una fecha límite para dicha notificación, con el fin de asegurar un tiempo adecuado para completar el proceso de CIPA con suficiente antelación al juicio”, cita el escrito.

Al expresidente se le acusa de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y del uso y posesión de armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos.

La audiencia preliminar quedó programada para el 18 de enero de 2024.

Castel sugirió unificar los juicios de JOH, con el de Juan Carlos ‘El Tigre’ Bonilla y Mauricio Hernández a solicitud de la Fiscalía, lo cual condujo al aplazamiento del juicio, originalmente planeado para el 24 de abril de 2023 y luego reprogramado para el 18 de septiembre.