Honduras vive un momento de alta tensión institucional tras la sorpresiva irrupción de la Fiscalía General en las oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE), un hecho sin precedentes que sacude los cimientos del proceso democrático en el país. La medida fue ejecutada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) bajo órdenes del fiscal general Johel Zelaya, quien acusó al CNE de actuar por intereses políticos y anunció una investigación por conspiración y extorsión.
“Hay un CNE que no está respondiendo a los intereses del país”, denunció Zelaya en conferencia pública, al tiempo que instruyó el decomiso inmediato de documentos clave y la citación de los tres consejeros que integran el ente electoral. “El Ministerio Público no va a temblar frente a amenazas ni al ruido”, agregó con firmeza.
La operación de la ATIC se ejecutó sin previo aviso, con un contingente de más de 10 agentes y fiscales que entraron directamente a los archivos del CNE. Este hecho se produce en medio de un clima ya convulso, con un cronograma electoral paralizado y crecientes dudas sobre la transparencia del proceso más costoso en la historia democrática de Honduras.
La presidenta del CNE, Cossette López, no tardó en reaccionar. En un mensaje al país, denunció un “accionar sistemático para desmantelar la institucionalidad electoral”. “Hoy se ha consumado un nuevo acto de conspiración”, afirmó. López también dejó entrever que su permanencia en el cargo podría ser insostenible ante la falta de garantías legales. “La amenaza ya no es solo institucional, es personal”, advirtió.
Desde la oposición, las alertas no se hicieron esperar. Juan Diego Zelaya, candidato nacionalista, señaló que este acto es parte de una estrategia para “tomar el control total del proceso electoral”, similar al esquema venezolano. “El plan Venezuela está a todo vapor”, dijo. “Hay elecciones, pero no hay democracia”, agregó, sugiriendo una preocupante deriva autoritaria.
Aunque Johel Zelaya asegura que su actuación es imparcial y que “la justicia llegará a quien tenga que llegar”, varios sectores políticos, sociales y de derechos humanos cuestionan la neutralidad del Ministerio Público, que ahora parece haber asumido un rol protagónico en el conflicto electoral.
Con el país polarizado, el proceso electoral detenido y la institucionalidad bajo ataque, Honduras enfrenta una crisis que podría tener repercusiones irreversibles en su democracia. El futuro del CNE y del proceso electoral cuelga de un hilo, mientras crece la presión nacional e internacional por una solución que devuelva confianza y legitimidad al sistema. Redacción Wendoly V.V.