Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público presentó este miércoles un requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández, exsecretario de Defensa y exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, actualmente en condición de retiro, como parte de una investigación relacionada con presuntas vulneraciones a la libertad de prensa y la libertad de expresión.
La acción judicial fue promovida por la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, tras una investigación que se desarrolló durante varios meses sobre publicaciones difundidas entre los años 2025 y 2026 en un medio digital institucional vinculado al ámbito castrense.
De acuerdo con la información oficial, el expediente surgió luego de diversas denuncias presentadas por periodistas y respaldadas por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), quienes señalaron la existencia de una presunta campaña de desacreditación dirigida contra comunicadores y medios de comunicación.
La investigación incluyó una serie de diligencias encaminadas a determinar la posible comisión de hechos constitutivos de delito. Entre ellas figuran la recepción de denuncias formales, diligencias prejudiciales, un peritaje especializado sobre material audiovisual y contenido digital, así como la recopilación de testimonios que ahora forman parte del expediente remitido a los tribunales competentes.
El Ministerio Público enfatizó que la protección de la libertad de expresión no debe limitarse a declaraciones públicas, sino que debe materializarse mediante investigaciones objetivas y procesos judiciales cuando existan indicios de posibles violaciones a este derecho fundamental.
Asimismo, recordó que tanto la libertad de prensa como el ejercicio de la labor periodística están garantizados por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por Honduras en materia de derechos humanos, instrumentos que obligan al Estado a garantizar condiciones para el ejercicio libre e independiente del periodismo.
Las autoridades fiscales subrayaron que ningún funcionario o exfuncionario público está exento de rendir cuentas cuando existen investigaciones relacionadas con posibles afectaciones a derechos fundamentales, por lo que será el proceso judicial el que determine las responsabilidades conforme a la ley.
Con la presentación del requerimiento fiscal, el caso entra ahora en una nueva etapa procesal, en la que corresponderá a los órganos jurisdiccionales valorar las pruebas aportadas por el Ministerio Público y resolver conforme al debido proceso. Redacción Ruth Corrales