Tegucigalpa, Honduras.- El Fondo Social del Congreso Nacional se ha convertido en el nuevo epicentro de la polémica en Honduras, tras las fuertes declaraciones del exfiscal general y exministro de Transparencia, Edmundo Orellana Mercado, quien lo calificó sin titubeos como una “matriz corrupta”. Para Orellana, este esquema es un mecanismo diseñado para privilegiar a los diputados actuales, permitiéndoles el manejo discrecional de fondos públicos con fines eminentemente políticos y electorales, profundizando la desigualdad entre candidatos.
El exfuncionario expuso que, aunque los parlamentarios no reciben efectivo directamente, son ellos mismos quienes definen el destino de los recursos, generando una clara ventaja para quienes buscan reelegirse, frente a otros aspirantes que no manejan partidas del Estado. “Eso constituye un acto perverso, porque se están utilizando fondos públicos, que deberían ir a salud o educación, para financiar campañas personales”, recalcó.
Casi mil millones bajo la lupa
Orellana recordó que el Fondo Social, aprobado por el Congreso Nacional, ha administrado cifras millonarias: aproximadamente 950 millones de lempiras entre los años 2023, 2024 y 2025. En ese sentido, subrayó que era inevitable que surgieran casos de corrupción, pues el diseño del fondo favorece la discrecionalidad y la falta de fiscalización efectiva.
Además, criticó directamente al fiscal general Johel Zelaya, exhortándolo a actuar con firmeza. “Esperamos que esta vez sí cumpla, porque con casos como el de Koriun y el caos del 9 de marzo, nos tiene aún pendientes”, declaró.
Carlos Zelaya: un referente de lo que debe hacerse
Para reforzar su punto, Orellana recordó el caso del diputado Carlos Zelaya, quien al ser mencionado en un narcovideo decidió renunciar a su cargo, a su partido y a sus aspiraciones políticas. “Eso debería ser un ejemplo para todos los que hoy están señalados por actos de corrupción: dar un paso al costado es lo más ético”, afirmó.
El pasado sigue vivo en el presente
Orellana también hizo un repaso histórico, apuntando que muchos de los actuales congresistas son los mismos que fueron investigados por la MACCIH en el pasado por el manejo irregular del Fondo Social Departamental. “Si ayer se lo robaron, ¿por qué hoy no lo harían? Y si ayer lo hicieron unos, es evidente que la facilidad del manejo de recursos podría animar a otros a imitar esas malas prácticas”, sentenció.
Nuevas alertas y desigualdad flagrante
El exministro adelantó que, tras el escándalo del video donde aparecen el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, y la vicepresidenta del Congreso, Isis Cuéllar, presuntamente destinando recursos para estructuras políticas de Libre, “seguramente surgirán nuevos casos”. Además, reveló que ya hay diputados denunciando desigualdad en la distribución de estos fondos. “A unos les dan más, a otros menos, y esos criterios también deben ser investigados penalmente”, insistió.
Más que corrupción, un atentado contra la ética pública
Para Orellana, el problema va más allá del robo directo. “No importa si el dinero se lo roban o no, el simple hecho de redirigir recursos que debieron invertirse en hospitales y escuelas hacia campañas políticas, es corrupción desde cualquier perspectiva ética y moral”, concluyó. Redacción Hansell Ordoñez.