En diciembre de 2019, el Gobierno de Honduras, a través del Ministerio de Inversiones, firmó un Memorándum de Entendimiento con la empresa española Cortés Gas Natural, con el objetivo de desarrollar una planta de ciclo combinado para generar 350 MW de energía a partir de Gas Licuado Natural (GNL). Este acuerdo representaba un avance en la política energética del país, buscando transitar hacia fuentes más limpias y económicas, y alejarse de la dependencia del búnker.
El proyecto, que se ubicaría cerca de Puerto Cortés, fue inicialmente celebrado como una solución innovadora y estratégica. En 2019, el informe de la Secretaría de Energía (SEN) proyectaba que la transición al GNL reduciría significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, alineándose con las tendencias globales hacia un desarrollo energético más sostenible. Estos objetivos fueron respaldados por diversos sectores, incluyendo la administración gubernamental de turno y diversas organizaciones.
Sin embargo, la situación ha cambiado. Los mismos sectores que en su momento apoyan el proyecto de GNL ahora se muestran escépticos y críticos de su implementación. Este giro refleja una creciente desconfianza hacia el proyecto, influenciada por factores políticos más que por una evaluación técnica de sus beneficios. La promesa de una fuente de energía más limpia y económica se ha visto empañada por cuestionamientos sobre su viabilidad y su impacto en el entorno.
La desconfianza sobre el GNL pone de aliviar una tensión entre las necesidades energéticas de Honduras y las complejas políticas dinámicas que condicionan las decisiones. Los críticos del proyecto aseguran que el GNL, en lugar de ser una alternativa viable, podría generar nuevas dependencias y traer consigo riesgos ambientales, lo que ha desviado el debate hacia otros tipos de fuentes energéticas renovables.
A pesar de las críticas, el GNL sigue siendo una alternativa energética que, en términos de costos, resulta atractiva para el país. El desafío radica en encontrar un consenso nacional que permita tomar decisiones en materia energética basadas en el bienestar de la población y en la sostenibilidad. La política energética de Honduras debe centrarse en el futuro y en soluciones accesibles, priorizando el bien común sobre los intereses partidistas y políticos.
El reto ahora es gestionar la transición hacia fuentes energéticas más limpias y accesibles, como el GNL, sin caer en los errores del pasado. El país necesita una estrategia energética coherente que combine la sostenibilidad, la economía y la protección ambiental, para garantizar un futuro energético confiable para las generaciones venideras. Sin dudas, el GNL sigue siendo una opción relevante, pero requiere un debate técnico más profundo y libre de intereses ajenos al bienestar nacional. Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com