Tegucigalpa, Honduras.- La reducción de 29 millones de lempiras en el proyecto de presupuesto 2026 destinado al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha generado preocupación entre los defensores de los derechos humanos. La titular de la institución, Blanca Izaguirre, lamentó que este recorte impedirá el pago total de los salarios del personal permanente del Conadeh, lo que pone en riesgo la operatividad de la entidad encargada de velar por los derechos humanos en el país.
«No solo no nos incrementaron, nos quitaron 29 millones para el próximo año, eso nos deja a una institución debilitada. No vamos a poder cumplir con el pago de salario a nuestro personal hasta tal vez agosto o septiembre del próximo año», señaló Izaguirre con preocupación.
El recorte no solo afecta el pago de los salarios del personal, sino que también impacta en el financiamiento del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), lo que genera incertidumbre en cuanto a las pensiones y jubilaciones de los empleados del Conadeh.
Izaguirre, quien también representa a las Américas en el Subcomité de Acreditación de la GANHRI (Alianza Mundial de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos), subrayó que una de las principales exigencias para garantizar el funcionamiento adecuado de las instituciones de derechos humanos es contar con un presupuesto suficiente y adecuado. «El tema fundamental es dotar de presupuesto adecuado a las instituciones de derechos humanos», destacó.
La comisionada hizo un llamado al Estado de Honduras para que cumpla con sus responsabilidades en cuanto a la financiación de estas instituciones. Además, pidió a los candidatos presidenciales que incluyan en sus propuestas el fortalecimiento del Conadeh, para asegurar que el sistema de pesos y contrapesos funcione correctamente y que los derechos humanos de la ciudadanía estén debidamente protegidos.
«Un sistema de pesos y contrapesos es fundamental para garantizar que no se violen los derechos humanos. Sin una institución nacional de derechos humanos que funcione adecuadamente, el trabajo de protección de derechos se vuelve aún más difícil», concluyó Izaguirre. Redacción Omar Z.A.