El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala mantuvo en una sede del Tribunal Supremo Electoral el operativo que dispuso para abrir y revisar cajas con votos de la jornada electoral del pasado 25 de junio, mientras el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, advierte que persiste “un golpe de Estado” para evitar que se posesione en enero próximo.
La diligencia de la Fiscalía se realizó por segundo día consecutivo en el oeste de la capital guatemalteca y alrededor de una treintena de fiscales contabilizaron los votos emitidos por la ciudadanía, según constató EFE en la sede del tribunal electoral.
Debido a este operativo de la Fiscalía, Arévalo de León denunció, el martes por la noche, que la Fiscalía continúa “un golpe de Estado”, aseguró que no seguirá con el proceso de transición de mando con el actual Gobierno hasta que se detenga la judicialización de los resultados electorales y pidió la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras.
En reunión con la OEA
Arévalo de León, junto a su compañera de fórmula, Karin Herrera, se reunió este miércoles con la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) tras las acciones judiciales.
El presidente electo expuso ante los delegados de la OEA la situación en la que se encuentra el proceso de transición con el actual Gobierno y expresó su preocupación por la insistencia de la Fiscalía en intervenir en las elecciones.
Desde el 12 de julio, la Fiscalía emprendió acciones contra el Movimiento Semilla, partido del académico progresista Arévalo de León, quien avanzó de forma sorpresiva al balotaje y ganó la elección contra todo pronóstico.
Un operativo sin precedentes
Este miércoles la diligencia continuó y “la Fiscalía ha limitado el acceso al personal del Tribunal Supremo Electoral, además aumentó la cantidad de elementos de seguridad”, explicó a EFE Luis Gerardo Ramírez, uno de los voceros del tribunal.
La Fiscalía, cuya cúpula se encuentra sancionada por Estados Unidos, justificó estas acciones asegurando que se trata de una investigación por supuestas anomalías denunciadas en la elección.
Ante estas acciones, Irma Palencia, presidenta del tribunal electoral, advirtió que se “rompió la cadena de custodia del voto” y calificó como “grotesca” la actuación de la Fiscalía.
El papel del máximo tribunal del país
El futuro del proceso electoral guatemalteco ahora está en manos de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, ya que el tribunal electoral y diversos sectores de la sociedad civil presentaron recursos para que se suspenda la intervención de la Fiscalía en los resultados electorales.
“Todo se va definir en la cancha de la Corte de Constitucionalidad, es responsabilidad de los magistrados revertir las ilegalidades que está cometiendo el Ministerio Público”, declaró a periodistas este miércoles Samuel Pérez, diputado y secretario general del Movimiento Semilla.
Además, el partido del presidente electo presentó denuncias penales contra Porras, así como contra los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, señalándolos de violentar la Constitución y de abuso de autoridad con propósito electoral.
El próximo 14 de enero, Arévalo de León debe asumir la Presidencia de Guatemala para el periodo 2024-2028, el primero de un Gobierno socialdemócrata en la historia de la nación centroamericana.
Con información de EFE