Tegucigalpa, Honduras.- La violencia contra las mujeres vuelve a estremecer al país. En lo que va del año, 135 mujeres han muerto de forma violenta en Honduras, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), una cifra que refleja la profundidad de una crisis estructural marcada por la impunidad y la debilidad institucional.
La coordinadora del observatorio, Migdonia Ayestas, advirtió que el panorama es aún más alarmante al señalar que el 95% de los casos de femicidio permanece en la impunidad, evidenciando serias fallas en los procesos de investigación y en la persecución penal de los responsables.
Violencia en entornos cercanos a las víctimas
De acuerdo con las investigaciones del OV-UNAH, una parte significativa de los femicidios ocurre dentro del entorno más cercano de las víctimas. Las estadísticas apuntan a que los principales agresores suelen ser parejas, exparejas o personas vinculadas al núcleo familiar, lo que agrava el nivel de vulnerabilidad de las mujeres en su propio entorno de convivencia.
Ayestas explicó que este patrón demuestra que la violencia de género no es un fenómeno aislado ni ajeno al hogar, sino una problemática que se reproduce en espacios de confianza y convivencia cotidiana.
Ciudades con mayor concentración de casos
Los registros del observatorio también identifican una concentración geográfica de los femicidios en zonas específicas del país, entre ellas el Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, Catacamas, Juticalpa y Trujillo.
Uno de los casos más preocupantes es el de Trujillo, Colón, donde, a pesar de ser un municipio de menor población, ya se contabilizan diez femicidios en lo que va del año, una cifra que ha encendido las alertas de los investigadores por su impacto desproporcionado en la comunidad.
Para los expertos, este comportamiento confirma que la violencia contra las mujeres no se limita a las grandes ciudades, sino que se extiende a diversas regiones del país con dinámicas particulares que requieren respuestas diferenciadas.
95% de impunidad: el gran desafío institucional
Uno de los datos más críticos revelados por el OV-UNAH es que aproximadamente el 95% de los femicidios permanece sin resolución judicial, lo que refleja la fragilidad del sistema de investigación criminal en Honduras.
Ayestas subrayó que el endurecimiento de las penas no es suficiente si no se fortalece la capacidad operativa de las instituciones encargadas de esclarecer los hechos. En su criterio, el país necesita investigación criminal científica, personal especializado y mejores recursos técnicos para construir casos sólidos que permitan judicializar a los responsables.
“El reto no es solo tener leyes más severas, sino garantizar que los responsables sean identificados, capturados y condenados”, coinciden especialistas en temas de violencia de género.
Propuesta de Alerta Morada
En medio de esta crisis, Ayestas expresó su respaldo a la propuesta de la Ley de Alerta Morada, un mecanismo que busca agilizar la respuesta institucional ante la desaparición de mujeres o situaciones de alto riesgo.
La iniciativa plantea activar de inmediato protocolos de búsqueda desde el momento en que se presenta la denuncia, evitando retrasos que, en muchos casos, resultan determinantes para el desenlace de las víctimas.
El proyecto propone la coordinación urgente entre Policía, Fiscalía y organismos de investigación, además de la difusión rápida de información para facilitar la localización de mujeres desaparecidas.
Urgencia de una respuesta integral del Estado
Diversos sectores coinciden en que la aprobación de herramientas como la Alerta Morada podría representar un avance importante en la protección de las mujeres. Sin embargo, advierten que la solución debe ser integral.
Especialistas insisten en que el combate a la violencia de género requiere una estrategia que combine prevención, educación, acceso efectivo a la justicia y fortalecimiento institucional, con el fin de frenar una crisis que continúa cobrando vidas en todo el país. Redacción Wendoly V