La polémica surge tras la aprobación de un decreto transitorio por el Congreso Nacional de Honduras, que limita las facultades de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia en la designación directa de funcionarios judiciales. Después de la reforma, la facultad de designar pasó al pleno del Poder Judicial, integrado por quince magistrados, con el argumento de fortalecer la colegialidad y disminuir la concentración de poder.
La presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, Ana Cardona, explicó que parte de las designaciones se concretaron “a última hora”, impulsadas por urgencia de los cambios normativos que recortaban las atribuciones de la presidencia de la Corte Suprema. Cardona precisó que la rapidez con la que se realizaron entre 90 y 100 nombramientos ha suscitado inquietudes sobre la rigurosidad de los procesos de selección y el apego a los criterios de mérito y trayectoria profesional.
Esta situación ha alarmado a asociaciones de jueces que advierten un posible deterioro institucional. El sistema judicial hondureño exige para ascensos requisitos como años de experiencia, evaluaciones periódicas y formación específica. Según Cardona, estos estándares podrían haberse vulnerado en parte de las designaciones.
Por otro lado, la presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Jueces por la Democracia, la abogada Fany Bennett, anunció que su organización presentó un anteproyecto de Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. Esta iniciativa responde a la reforma del artículo 3 de la Constitución y a las preocupaciones por el equilibrio institucional. Bennett enfatizó: “El principio de separación de poderes es uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho”, y advirtió que las reformas podrían modificar la correlación de competencias sin suficiente consenso.
La Asociación considera que las modificaciones resultan inconstitucionales y presentó un recurso de inconstitucionalidad ante las instancias competentes. El anteproyecto contiene 103 artículos y propone una reforma integral del Poder Judicial, que incluye la creación o fortalecimiento de un Consejo de la Judicatura con atribuciones definidas en nombramientos, evaluación, disciplina y carrera judicial, con el objetivo de proteger el proceso frente a intereses políticos.
Uno de los fines centrales del anteproyecto es instaurar mecanismos objetivos de evaluación y ascenso, basados en criterios verificables. Las personas impulsoras sostienen que este modelo permitiría “garantizar estabilidad laboral para jueces y magistrados, y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia”.
El momento de las designaciones, previo a la publicación en el diario Oficial La Gaceta sobre esta ley, se interpreta entre diversos sectores como un acto político que compromete la legitimidad y la transparencia de estos procesos. Cardona y Bennett coinciden en que la credibilidad del sistema judicial depende de que los cargos se asignen por mérito demostrado y bajo procedimientos claros.
La presentación del recurso de inconstitucionalidad habilita una eventual revisión y hasta la anulación de las reformas, algo que, de ocurrir, alteraría nuevamente el escenario de la administración judicial en Honduras.
El anteproyecto de la Asociación de Jueces por la Democracia, si entra en debate y es aprobado, instauraría un sistema donde los nombramientos, los ascensos y la disciplina judicial se someterían a mayores controles técnicos y administrativos. Con información de Infobae.