Tegucigalpa, Honduras.- En una decisión que marca un precedente, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucionales las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), anulando los decretos 236-2012 y 120-2013. Esta resolución, publicada en el diario oficial La Gaceta, refuerza la soberanía y justicia del país, según destacaron las instituciones hondureñas.
El Congreso Nacional celebró el fallo, enfatizando en sus redes sociales que este avance es fruto de un esfuerzo patriótico entre los tres poderes del Estado. “Honduras se gobierna con soberanía, justicia y lealtad al pueblo”, manifestaron, subrayando la postura del actual gobierno, contrario a este proyecto desde sus inicios.
Corte Suprema detalla fundamentos de su decisión
La CSJ, por mayoría de votos, calificó como violatorios de los artículos pétreos de la Constitución los decretos que promovían las ZEDEs. En palabras de la Corte, estas normativas “vulneran los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución”, sentando un precedente jurídico que tendrá efectos retroactivos y nulatorios.
El fallo ha generado reacciones encontradas, tanto a nivel nacional como internacional. Mientras sectores gubernamentales y sociales respaldan la medida, argumentando su compromiso con la soberanía, voces críticas, como la congresista republicana María Salazar, expresaron su rechazo. Salazar advirtió que esta decisión podría afectar las relaciones entre Honduras y aliados estratégicos, señalando: “Mucho cuidado con expropiar las ZEDEs… ¡En enero habrá un nuevo Sheriff en el pueblo!”.
ZEDE Prospera se defiende ante la decisión
Por su parte, la empresa ZEDE Prospera, principal promotora del proyecto, destacó los beneficios económicos que estas zonas habrían generado. Según sus representantes, las ZEDEs ofrecían oportunidades de empleo para cientos de familias hondureñas, al tiempo que prometían atraer inversión extranjera. Sin embargo, con esta sentencia, su futuro queda descartado, al menos en el corto plazo.
Un debate que trasciende fronteras
El fallo de la CSJ no solo representa un cambio en las políticas económicas de Honduras, sino también un tema de interés internacional. Algunos políticos y analistas consideran que esta decisión podría tener implicaciones en las relaciones bilaterales y en la confianza de los inversionistas extranjeros en el país.
En conclusión, la declaración de inconstitucionalidad de las ZEDEs reafirma el compromiso de Honduras con la defensa de su soberanía y el respeto a los principios constitucionales. Aunque las reacciones continúan dividiendo opiniones, este hecho marca un hito en la historia jurídica y política del país. Honduras, con esta decisión, consolida su independencia frente a modelos económicos que generaron controversias desde su creación. Redacción Martha C.C.
