Tegucigalpa, Honduras.- El Informe Anual 2024 sobre sustracción internacional de menores, publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, coloca nuevamente a Honduras en la lista de países con un patrón de incumplimiento en relación con el Convenio de La Haya.
Este informe resalta que Honduras no ha logrado implementar de manera efectiva las medidas necesarias para combatir los casos de secuestro parental internacional, lo que ha tenido un impacto directo en los derechos de los menores y en la imagen del país a nivel internacional.
El impacto al gobierno hondureño por este incumplimiento es significativo. No solo pone en evidencia las fallas en el sistema judicial y la falta de eficiencia en la resolución de estos casos, sino que también socava la confianza de la comunidad internacional en la capacidad del país para cumplir con sus compromisos internacionales.
La constante aparición de Honduras en estos informes, que datan desde 2015, demuestra una falta de voluntad política y administrativa para resolver estos problemas de manera efectiva. Esto se traduce en una pérdida de credibilidad para el gobierno ante organismos internacionales y países socios.
En este contexto, muchos niños son utilizados como instrumentos en disputas legales y familiares, lo que coloca a los menores en una situación de vulnerabilidad extrema. La sustracción internacional de menores se ha convertido en una práctica cada vez más frecuente, y los niños, en lugar de ser protegidos, son manipulados en conflictos familiares que atraviesan fronteras. Esto no solo afecta a los menores esencial y emocionalmente, sino que también genera un daño irreversible a su bienestar.
El costo de un niño en el contexto de estos casos no es solo emocional y psicológico, sino también económico. Los procesos judiciales en estos casos suelen ser largos y costosos, con un alto impacto en las familias involucradas. Los padres afectados a menudo deben enfrentar gastos de abogados, viajes internacionales y una gran cantidad de trámites administrativos que dificultan aún más su lucha por la reunificación familiar.
En muchos casos, las autoridades de Honduras han demostrado una falta de recursos y capacidad para agilizar los procedimientos, lo que prolonga la separación de los niños de sus familias y eleva el costo de la justicia .
El informe también menciona que Honduras sigue siendo un país con altos costos sociales y económicos debido a su incapacidad para implementar soluciones efectivas en estos casos. La falta de infraestructura legal y la burocracia son elementos que retrasan la resolución de los casos, haciendo que la situación de los niños secuestrados se prolongue, lo que incrementa los costos humanos y económicos de cada caso.
Este panorama genera una presión adicional sobre el gobierno hondureño para reformar sus políticas y garantizar que los menores sean tratados con el respeto y la protección que merecen. Si no se toman medidas decisivas en los próximos meses, las consecuencias no solo seguirán afectando a los menores y sus familias, sino que también seguirán dañando la imagen internacional de Honduras y sus relaciones con otros países.
La situación requiere una intervención urgente para asegurar que los derechos de los niños sean protegidos y que Honduras cumpla con sus compromisos internacionales, evitando que los menores continúen siendo víctimas de este tipo de prácticas. Redacción Ruth Corrales R.