Tegucigalpa, Honduras.- La finalización del acuerdo con EE. UU. levanta cuestionamientos sobre intereses políticos y protección de figuras clave.
El anuncio del canciller Enrique Reina sobre la culminación del tratado de extradición con Estados Unidos entre el 22 y el 28 de febrero de 2025 ha intensificado los debates políticos en Honduras. Si bien el gobierno asegura que la decisión responde a razones de soberanía, críticos y analistas apuntan a posibles intereses ocultos relacionados con la protección de altos dirigentes políticos del partido Libertad y Refundación (LIBRE).
El tratado, firmado en 2012, permitió la extradición de múltiples figuras vinculadas al narcotráfico. Ahora, con su inminente finalización, surgen interrogantes sobre quiénes podrían beneficiarse de esta medida.
Carlos Zelaya y los escándalos del pasado
Uno de los nombres más controvertidos es el del diputado Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya. Un video reciente muestra al parlamentario negociando supuestos aportes financieros con narcotraficantes para la campaña de LIBRE en 2013. Este material, difundido por medios internacionales, ha puesto en tela de juicio las motivaciones del gobierno para terminar el tratado.
Los opositores sostienen que la medida podría estar diseñada para evitar futuras extradiciones de figuras clave vinculadas a la administración actual o al círculo cercano del poder. Aunque el gobierno insiste en que busca evitar injerencias externas, las dudas persisten.
Protección a figuras políticas bajo sospecha
El fin del tratado podría beneficiar a otras personalidades políticas y empresarios acusados de delitos graves. Entre los nombres que han resonado en círculos judiciales se incluyen exfuncionarios y aliados del partido oficialista, quienes enfrentan investigaciones relacionadas con narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
En particular, se señala que la falta de cooperación con EE. UU. podría dificultar las investigaciones en curso contra líderes de LIBRE y sus aliados. Esta narrativa ha sido reforzada por sectores de la oposición, que ven en la decisión una estrategia para blindar al partido ante posibles procesos judiciales.
El papel de Xiomara Castro y Manuel Zelaya
La presidenta Xiomara Castro, líder de LIBRE, justificó la terminación del tratado como un acto de soberanía frente a la “injerencia y el intervencionismo de Estados Unidos”. Sin embargo, esta declaración ha sido criticada por sectores que argumentan que la decisión está más orientada a proteger los intereses del expresidente Manuel Zelaya y su círculo político.
Organismos internacionales han expresado su preocupación por la posible afectación de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Estados Unidos, por su parte, ha mostrado interés en renegociar un nuevo acuerdo, aunque aún no ha presentado una propuesta formal.
Reacciones internas e internacionales
La medida ha polarizado al país. Mientras que el gobierno sostiene que busca fortalecer la independencia judicial, voces opositoras y analistas consideran que este movimiento debilita la relación bilateral con Estados Unidos, un socio clave en la lucha contra el crimen organizado.
Por otro lado, sectores internacionales han advertido sobre el impacto negativo que esto podría tener en el combate al narcotráfico en la región. La pérdida de este mecanismo de cooperación podría generar un vacío que sería aprovechado por redes criminales.
¿Qué sigue para Honduras?
La decisión del gobierno de dar por terminado el tratado de extradición plantea un desafío significativo para el país. A medida que avanzan las negociaciones con Estados Unidos para un posible nuevo acuerdo, el escrutinio público y político continuará.
Los próximos meses serán decisivos para determinar si el fin del tratado obedece a un compromiso genuino con la soberanía nacional o si, por el contrario, es una estrategia para proteger a figuras clave vinculadas al partido LIBRE. El desenlace de esta controversia podría marcar un antes y un después en la política y la justicia de Honduras. Redacción QuienOpina.Com