La sexta y última revisión técnica del programa económico reconoce avances macroeconómicos, pero mantiene como prioridades la sostenibilidad fiscal, la reforma eléctrica, la transparencia institucional y el fortalecimiento de la inversión.
Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – El Gobierno de Honduras y el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron un acuerdo a nivel técnico para completar la sexta y última revisión del programa económico vigente, un resultado que podría habilitar aproximadamente 120 millones de dólares, una vez que el Directorio Ejecutivo del organismo otorgue su aprobación.
El entendimiento, anunciado el 1 de noviembre de 2026, marca una etapa importante en la relación financiera entre Honduras y el organismo multilateral. La revisión será examinada a finales de diciembre, por lo que el acceso a los recursos continúa sujeto al procedimiento institucional correspondiente.
La misión estuvo encabezada por Emilio Fernández Corugedo, jefe de misión del FMI para Honduras, acompañado por Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental. Las conversaciones también incluyeron la Consulta del Artículo IV de 2026, mediante la cual el organismo evalúa las políticas económicas y las perspectivas nacionales.
Los indicadores que respaldan la evaluación
El FMI destacó que las políticas macroeconómicas hondureñas se han mantenido prudentes y que el desempeño general del programa ha sido favorable, incluso frente a los efectos del encarecimiento internacional de la energía y la sequía relacionada con el fenómeno de El Niño.
En términos de actividad económica, Honduras registró un crecimiento de 3.7 % en el primer semestre de 2026. Para el conjunto del año, la proyección del organismo apunta a una expansión de 3.4 %.
En materia de precios, la inflación general alcanzó 6.3 % en septiembre, mientras que la inflación subyacente se situó en 3.5 %.
Por su parte, las reservas internacionales netas llegaron a aproximadamente 11,500 millones de dólares en octubre, favorecidas por los ingresos de remesas familiares y el comportamiento de los precios de exportación.
El FMI también señaló que el superávit de cuenta corriente equivalente al 4.1 % del PIB durante el primer semestre podría transformarse en un déficit de 2.2 % al cierre de 2026, una proyección que refleja los desafíos del sector externo.
Disciplina fiscal y sostenibilidad de las finanzas públicas
Entre las prioridades económicas figura mantener el déficit del Sector Público No Financiero en el equivalente al 1 % del PIB durante 2026 y 2027.
La meta busca preservar la sostenibilidad de las cuentas públicas y mantener capacidad de respuesta ante contingencias económicas.
El organismo recomendó fortalecer la gestión financiera pública, mejorar la recaudación tributaria, modernizar la administración aduanera y reforzar los mecanismos de control sobre el gasto estatal.
También planteó avanzar en la implementación de la Ley Orgánica del Presupuesto, consolidar la Cuenta Única del Tesoro y fortalecer los sistemas de administración financiera y contratación pública.
Estas medidas tienen una dimensión institucional relevante: una mejor administración de los recursos puede contribuir a elevar la eficiencia del gasto y fortalecer la confianza en las instituciones.
Reforma eléctrica: el desafío estructural de la ENEE
La situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica continúa entre los principales riesgos identificados por el FMI.
El organismo valoró la aprobación de la Ley de Justicia Energética y los esfuerzos para mejorar la focalización de los subsidios. No obstante, advirtió que la sostenibilidad del sector requiere reducir las elevadas pérdidas eléctricas, atender los atrasos financieros y fortalecer la gobernanza de la empresa estatal.
La reforma también deberá promover condiciones que favorezcan la competencia y reduzcan la exposición de las finanzas públicas a los desequilibrios del sector.
La dimensión social de este proceso resulta fundamental: cualquier transformación energética debe considerar tanto la estabilidad financiera como el acceso de los hogares y las empresas a un servicio confiable.
Transparencia, seguridad jurídica e inversión
El FMI identificó la gobernanza, la transparencia y la seguridad jurídica como componentes necesarios para fortalecer el clima de negocios.
Entre las medidas señaladas figuran los avances de la Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción, la eficacia judicial, el Estado de derecho y el funcionamiento del registro de beneficiarios finales.
Asimismo, las reformas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo tendrán importancia para la evaluación del GAFI prevista para 2027.
El organismo considera que estos cambios pueden contribuir a reducir vulnerabilidades institucionales y fortalecer las condiciones para la inversión privada y la generación de empleo.
Diciembre marcará la decisión financiera definitiva
La sexta revisión representa el último examen previsto dentro del programa económico vigente. Sin embargo, el acuerdo técnico no debe confundirse con la aprobación final de los recursos.
El Directorio Ejecutivo del FMI deberá examinar la evaluación a finales de diciembre de 2026. Si la aprueba, Honduras podrá acceder a aproximadamente 120 millones de dólares.
Para el país, el siguiente paso será demostrar que los compromisos macroeconómicos e institucionales pueden sostenerse más allá de la vigencia del programa.
El reto consiste en consolidar unas finanzas públicas responsables, fortalecer las instituciones y conseguir que los indicadores económicos se reflejen en mejores oportunidades para la población hondureña. —Redacción Laura V. HonduPrensa.Com