La red de corrupción que sacude a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) parece no tener fin. Las investigaciones avanzan y cada nuevo hallazgo hunde más la imagen de la diputada del partido Libre, Isis Cuéllar, quien ahora se encuentra atrapada en un torbellino de señalamientos que involucran directamente a sus personas más cercanas.
De acuerdo con una exhaustiva investigación, Ilsy Valeska Baquedano Mejía, asistente personal de Cuéllar, e Iris Paola Pérez Moreno, su excuñada, fueron beneficiadas con contratos públicos por más de 1.2 millones de lempiras, dinero que provino de fondos estatales bajo la fachada de “contratos para empresas constructoras”.
Lo preocupante no es solo el monto, sino el claro conflicto de intereses que surge cuando dos mujeres con nexos tan directos a una diputada en funciones reciben recursos estatales. Documentos oficiales revelan que ambas fueron inscritas en el Registro Especial de Compras Menores del Estado (RECOME) durante 2024, lo que les permitió ser contratistas preferidas sin licitaciones mayores ni competencia.
Ilsy Baquedano, acreditada por la ONCAE el 29 de enero de 2024 bajo el expediente MP-2024-1411, recibió luz verde para operar durante tres años. Apenas unos meses después, el 14 de diciembre, la Unidad de Respuesta Rápida de Emergencias de la SIT ordenó un desembolso que superó 1.2 millones de lempiras, un pago cuestionado por no evidenciar contrapartidas reales en obras o servicios.
Este caso se suma al ya conocido escándalo de los 40 cheques valorados en 4.7 millones de lempiras, tramitados por la propia Cuéllar como “ayudas sociales” en Copán, situación confirmada por el Consejo de Ministros. El hecho evidencia un patrón de manejo opaco y discrecional de fondos públicos, con posibles implicaciones penales por malversación, tráfico de influencias y abuso de autoridad.
Resulta irónico que la misma Cuéllar apareciera meses atrás junto al exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, denunciando irregularidades en un video que pretendía exponer corrupción dentro del programa. Hoy, ese material la persigue como un boomerang, pues la lupa del Ministerio Público (MP) ahora está sobre sus gestiones, que muestran indicios claros de redes clientelares y favorecimiento económico a sus allegados.
Mientras tanto, la indignación crece entre los hondureños que observan cómo los fondos destinados a combatir la pobreza terminan engrosando bolsillos vinculados políticamente. Analistas advierten que este escándalo golpea directamente la credibilidad del gobierno de Libre, ya sacudido por otros casos que involucran a altos funcionarios y familiares de figuras del Ejecutivo.
La presión pública se intensifica para que la Fiscalía no deje impunes estos actos y se determine si hubo delitos de corrupción estructurada, lo que podría derivar en órdenes de captura y la inhabilitación política de quienes resulten responsables. Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com