Tegucigalpa, Honduras.- La decisión del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, de enviar a sanción y publicación los préstamos por 190 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento (CAF) sin ratificar el acta correspondiente, ha desatado una ola de críticas por lo que diversos sectores consideran una maniobra ilegal y opaca que favorece prácticas de corrupción institucional.
La Ley Orgánica del Congreso Nacional es clara: el artículo 10-A establece que ningún decreto puede consolidarse sin la lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión anterior. El artículo 61 refuerza esta disposición, indicando que ratificar el acta no es opcional, sino un procedimiento obligatorio que da validez jurídica a todo lo actuado.
La exjueza Karla Romero fue contundente al señalar que “la ratificación no es un trámite decorativo, sino un mecanismo de control democrático que impide la falsificación del proceso legislativo”. En su análisis, no ratificar el acta equivale a permitir que se manipulen los hechos sin fiscalización.
Para el abogado y dirigente liberal Octavio Pineda, “Luis Redondo ha roto el procedimiento deliberadamente, lo que podría configurar una forma de corrupción parlamentaria: aprobar millonarios préstamos sin que exista constancia formal de su discusión y votación”. Agregó que omitir este paso abre las puertas a la falsificación de contenido legislativo, lo cual puede tener repercusiones penales.
En medio de esta controversia, la aprobación del presupuesto para las elecciones generales sigue paralizada. La diputada nacionalista María Antonieta Mejía denunció que “este gobierno usa los fondos públicos como si fueran su caja chica, jugando con el hambre del pueblo”, al anteponer intereses políticos a la transparencia institucional.
Durante una reciente reunión entre jefes de bancada, no hubo consenso para ratificar el acta. El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que “Libre está cometiendo un fraude legislativo al enviar a publicar decretos sin cumplir con el procedimiento legal”. Por su parte, el liberal Mario Segura alertó que lo ocurrido “marca un precedente de ilegalidad que puede ser utilizado para legitimar actos corruptos en el futuro”.
Lo más preocupante para la ciudadanía es que Luis Redondo, quien en el pasado clamaba por legalidad y transparencia, hoy actúe en sentido contrario. “Antes exigía cumplir los procedimientos al pie de la letra; ahora dice que la ratificación es un formalismo. ¿Qué cambió? ¿El poder o sus principios?”, cuestionó Mejía.
La sombra de corrupción y autoritarismo se cierne nuevamente sobre el hemiciclo legislativo, donde la legalidad parece depender de la conveniencia política del oficialismo, no del respeto al orden jurídico. Esta omisión podría ser la punta del iceberg de una red de maniobras irregulares que pone en juego la credibilidad de toda una legislatura. Redacción Bruce Villlatoro CEO HonduPrensa.Com