Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com | La magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona, ha encendido la alerta nacional al denunciar públicamente la existencia de una presunta orden de captura en su contra y contra el magistrado presidente Mario Flores Urrutia. Según su testimonio, el requerimiento fiscal estaría siendo preparado en circunstancias que ella considera arbitrarias y de carácter político, generando un nuevo foco de tensión dentro del sistema de justicia hondureño.
En una comparecencia reciente, Barahona manifestó su preocupación por la independencia judicial y aseguró que se pretende criminalizar las resoluciones emitidas por los magistrados del TJE. “No podemos ser perseguidos por nuestras resoluciones, y mucho menos por nuestras sentencias. Esto no es un Estado de derecho, y el pueblo hondureño debe saberlo”, expresó con firmeza, advirtiendo que la justicia electoral no puede funcionar bajo amenazas o presiones externas.
La magistrada reiteró que su deber ha sido siempre garantizar la legalidad y la transparencia en los procesos electorales, y que cualquier intento por intimidar al Tribunal de Justicia Electoral representa un golpe directo a los principios democráticos del país. “Nuestro compromiso es con la ley y con el pueblo, no con intereses particulares”, enfatizó, dejando claro que no cederá ante presiones políticas.
La denuncia de Barahona se produce en un contexto de creciente inestabilidad política y cuestionamientos sobre la autonomía de las instituciones electorales en Honduras. El TJE, encargado de impartir justicia en materia electoral, ha tenido un papel determinante en la resolución de conflictos políticos y en la validación de resultados, lo que lo ha colocado frecuentemente en el centro de la controversia nacional.
Hasta el momento, el Tribunal de Justicia Electoral no ha emitido un comunicado oficial sobre el tema, pero fuentes cercanas confirman que los magistrados sostendrán una reunión extraordinaria para analizar la situación y definir una respuesta institucional. La supuesta orden de captura, de confirmarse, podría desencadenar una crisis institucional con implicaciones nacionales e internacionales.
Diversas organizaciones de derechos humanos, así como observadores internacionales, ya han expresado su preocupación por lo que consideran un posible intento de vulnerar la independencia de los magistrados del TJE. Voceros de estas entidades advierten que cualquier acción judicial injustificada contra funcionarios electorales constituye una amenaza grave al equilibrio democrático y al Estado de derecho.
En los últimos años, el país ha sido testigo de múltiples tensiones entre poderes del Estado y del debilitamiento progresivo de la confianza ciudadana en las instituciones. Este nuevo episodio, centrado en el TJE, podría convertirse en un símbolo de la lucha por la independencia judicial y por la defensa de la legalidad en un entorno político cada vez más polarizado.
Barahona concluyó su mensaje haciendo un llamado a la solidaridad institucional y a la unidad de los funcionarios públicos que creen en la justicia. “Honduras no puede avanzar si quienes aplican la ley son perseguidos por hacerlo. No hay democracia posible sin jueces libres, sin tribunales independientes y sin verdad”, puntualizó. Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com