Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com — En un momento decisivo para la institucionalidad democrática, la designada presidencial María Antonieta Mejía elevó su voz con firmeza al respaldar el juicio político contra el fiscal general Johel Zelaya, al sostener que existen pruebas sólidas que justifican avanzar sin titubeos en el proceso.
La funcionaria destacó que las denuncias no permanecen ocultas, al contrario, se han desarrollado ante la mirada pública, lo que convierte a la ciudadanía en testigo directo de hechos que hoy marcan la agenda nacional. Este contexto, según Mejía, obliga a actuar con determinación legal, bajo un marco de transparencia absoluta.
En su postura, enfatizó que el procedimiento debe seguir cada fase conforme a la ley, con respeto pleno al debido proceso, permitiendo al acusado ejercer defensa en condiciones justas. Subrayó además el rol clave de la comisión legislativa encargada de investigar, la cual deberá actuar con rigor técnico, independencia, compromiso institucional.
«El país necesita un precedente firme», expresó, al dejar claro que el objetivo no solo radica en resolver un caso puntual, sino en enviar un mensaje contundente contra el abuso de poder desde cualquier esfera pública.
El planteamiento de Mejía escala aún más al proponer una depuración profunda del aparato estatal. Su llamado no se limita al fiscal general, sino que apunta a otros actores señalados de afectar el equilibrio democrático. Entre ellos mencionó al consejero del CNE, Marlon Ochoa; a la titular de la CSJ, Rebeca Raquel Obando; además del magistrado del TJE, Mario Morazán.
Con tono firme, lanzó una frase que ya genera debate en múltiples plataformas digitales: «Deben irse todos». Para la designada, ninguna figura pública debe quedar al margen de la ley, ni escudarse en estructuras partidarias o cuotas de poder. Redacción Wendoly V.V.