Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com — La denuncia no pasó desapercibida. La designada presidencial María Antonieta Mejía afirmó que alrededor de 5,000 docentes habrían duplicado su salario, pasando de 34 mil a 75 mil lempiras, bajo la cuestionada figura de “asistencias técnicas”, durante la recta final del mandato de Iris Xiomara Castro Sarmiento. La cifra encendió alarmas en un país que enfrenta presión fiscal, deuda creciente y reclamos constantes por falta de recursos en hospitales y centros educativos.
Según la funcionaria, el mecanismo incluyó la ampliación de la carga laboral de 36 a 72 horas bajo el esquema de jornadas plenas, lo que permitió justificar el aumento. Sin embargo, la pregunta que hoy domina la conversación pública es contundente: ¿fue una decisión técnica legítima o un blindaje administrativo de última hora?
Mejía fue más allá. Denunció contrataciones masivas en Salud y Educación, asegurando que en varias oficinas “no existe documentación suficiente que respalde esas acciones”. De confirmarse, el caso podría convertirse en uno de los episodios más polémicos del cierre gubernamental, con posibles repercusiones administrativas e incluso legales.
En el centro del señalamiento aparece el legislador Edgardo Casaña, mencionado como parte del esquema de asistencias técnicas. La revelación intensifica el choque político, alimenta la narrativa de privilegios internos y coloca bajo presión a quienes defendieron estas decisiones como ajustes necesarios.
El país exige respuestas claras. Miles de docentes que no fueron beneficiados cuestionan la equidad del proceso. Padres de familia reclaman inversión en infraestructura escolar antes que incrementos selectivos. Expertos financieros advierten que cada decisión sin respaldo documental golpea la credibilidad institucional.
La designada presidencial adelantó que esperan el informe oficial de la Secretaría de Educación para presentar un consolidado nacional. Ese documento podría marcar un punto de inflexión: confirmar irregularidades o disipar sospechas.
La tensión política escala. El debate ya no es solo salarial; es sobre transparencia, legalidad y responsabilidad fiscal. Honduras enfrenta una disyuntiva: normalizar decisiones polémicas o exigir rendición de cuentas sin privilegios.
La ciudadanía observa, la oposición presiona, el oficialismo guarda silencio estratégico. La verdad documental será determinante. Aquí no se trata solo de cifras; se trata de confianza pública. —Laura V. HonduPrensa.Com