Tegucigalpa, Honduras.- El proceso electoral hondureño se tambalea tras fuertes denuncias que apuntan al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, quien habría organizado y facilitado el ingreso de colectivos del partido LIBRE al edificio donde se realizaba la licitación del nuevo sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), con el objetivo de impedir la entrada de otros oferentes, consolidando así una licitación amañada y favoreciendo exclusivamente a Smartmatic.
Bloqueo orquestado para favorecer a Smartmatic
De acuerdo con testimonios y evidencias recopiladas por medios de comunicación y organizaciones ciudadanas, el operativo fue dirigido por Ochoa con el propósito de cerrar el proceso a la competencia técnica y legal, permitiendo únicamente la oferta de Smartmatic, empresa que actualmente enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos por presuntas irregularidades en comicios internacionales. Este hecho no solo atenta contra la transparencia electoral, sino que constituye una cadena de delitos graves según el marco legal hondureño.
Los delitos cometidos por Marlon Ochoa, según juristas consultados:
-
Coacción electoral (Artículo 542 del Código Penal)
Imponer por la fuerza o intimidación una conducta política a funcionarios u oferentes es delito castigado con penas de 4 a 6 años de prisión, además de inhabilitación absoluta. -
Abuso de autoridad (Artículo 349 del Código Penal)
Utilizar su cargo como consejero electoral para obstruir un proceso administrativo o beneficiar a un tercero constituye abuso flagrante del poder público, sancionado con penas de 3 a 6 años de prisión. -
Tráfico de influencias (Artículo 500 del Código Penal)
Mediante la presión política interna y externa, Ochoa habría manipulado la toma de decisiones dentro del CNE y el proceso de licitación, lo cual viola la equidad institucional. -
Violación de deberes de los funcionarios (Artículo 505)
Todo servidor público está obligado a garantizar la legalidad, imparcialidad y transparencia de sus funciones. El accionar de Ochoa representa una infracción directa a estos principios. -
Obstrucción de procesos administrativos (Artículo 521)
El uso de medios de fuerza para impedir la participación en una licitación pública, representa un acto de sabotaje contra la administración pública, penado por la ley. -
Asociación ilícita (Artículo 292)
La presunta coordinación con colectivos partidarios para llevar a cabo una acción ilegal podría ser tipificada como asociación para delinquir, especialmente si se comprueba la planificación conjunta.
El silencio institucional alimenta la desconfianza
Lo más alarmante es que ninguna autoridad del Poder Ejecutivo se ha pronunciado tras las revelaciones. Ni el Ministerio Público, ni la Procuraduría General de la República, ni la Presidencia de la República han anunciado investigaciones, auditorías o suspensiones del proceso con Smartmatic, a pesar de que los indicios apuntan a una manipulación directa del proceso electoral.
Esta inacción institucional alimenta la percepción de impunidad y fortalece los argumentos de sectores políticos y sociales que alertan sobre un fraude electoral en gestación.
¿Está en riesgo la democracia en Honduras?
Para analistas independientes, la intromisión de Marlon Ochoa representa una amenaza directa a la credibilidad del CNE y, por ende, a todo el proceso democrático de cara a las elecciones de noviembre. La sociedad civil, organismos internacionales y partidos de oposición exigen garantías reales para asegurar un proceso limpio, participativo y plural. Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com
¿Quién responde por la corrupción, la intimidación y la exclusión en un proceso que debería estar blindado por la ley?
¿Están las elecciones generales ya comprometidas antes de comenzar?