Tegucigalpa, Honduras.- En un escenario político cargado de tensión, el coordinador general de Libre, Mel Zelaya, salió al paso de señalamientos recientes con un mensaje directo, sin rodeos, orientado a blindar su imagen ante la opinión pública. El exmandatario rechazó de forma categórica cualquier relación con narcotráfico o corrupción, en medio del proceso judicial contra exfuncionarios ligados a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), caso que ha encendido debate nacional en redes, foros ciudadanos, círculos políticos.
A través de un pronunciamiento difundido en sus plataformas digitales, el líder político afirmó que en sus 72 años de vida no ha cometido ilícitos ni posee fondos de origen ilegal. Subrayó que toda acusación en ese sentido responde, según expuso, a intereses oscuros orientados a dañar su trayectoria. La declaración, cargada de tono firme, busca frenar narrativas que circulan con fuerza en el ecosistema digital, donde el tema domina tendencias.
“No tengo delitos ni dinero proveniente del narcotráfico”, expresó en su publicación, frase que se convirtió en eje del debate virtual. Con ello, Mel Zelaya intenta colocar un muro discursivo ante versiones que lo vinculan indirectamente con estructuras bajo investigación, en un momento donde la confianza ciudadana hacia la clase política enfrenta uno de sus niveles más frágiles.
El dirigente sostuvo que su vida pública representa un referente moral para nuevas generaciones, destacando su permanencia en la lucha ideológica. Reiteró su adhesión al socialismo, postura que —según indicó— mantendrá pese a críticas constantes en plataformas digitales o medios tradicionales. Este punto refuerza su narrativa de resistencia política, base de su capital simbólico dentro de su movimiento.
Sobre el proceso contra José Carlos Cardona, puntualizó que no ha promovido acciones en su contra. Remarcó la vigencia de la presunción de inocencia, el debido proceso, la defensa legal, pilares que —dijo— deben aplicarse sin distinción. Con esta postura, intenta desligarse de cualquier señal de injerencia en decisiones judiciales, en un clima donde cada declaración política adquiere peso jurídico, mediático, social.
El caso Sedesol no solo abre un frente legal, también activa un pulso por la narrativa pública. ¿Se trata de responsabilidades individuales o de un impacto mayor para estructuras partidarias?. Esa pregunta domina conversaciones digitales, donde la ciudadanía exige transparencia, rendición de cuentas, acciones claras frente a la corrupción estatal. La reacción de Mel Zelaya se inserta justo en ese punto crítico: defender su figura antes de que la percepción marque sentencia social.
El escenario queda abierto. Las investigaciones avanzan, la opinión pública observa, los actores políticos miden cada palabra. En este tablero, la batalla principal no solo se libra en tribunales, también en el terreno de la credibilidad. Redacción Allan Cerrato.