Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) confirmó que Koriun Inversiones no era solo una financiera informal, sino una estructura criminal disfrazada de esquema Ponzi, que habría defraudado a más de 35,000 hondureños en seis departamentos del país, sin regulación de la CNBS ni controles legales.
La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (FESCCO) detalló que desde el 23 de abril, cuando aseguraron las oficinas de la empresa, se intensificaron las pesquisas, logrando presentar un nuevo requerimiento fiscal, ratificar medidas contra imputados y emitir cuatro órdenes de captura adicionales.
Koriun se consolidó con fuerza en Cortés, Santa Bárbara, Copán, Choluteca, Olancho y Colón, recibiendo solo en 2024 más de 86.4 millones de lempiras. Pese a no figurar en el registro de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), operaba con un simple permiso municipal otorgado por la alcaldía de Choloma, bajo la gestión de Gustavo Mejía, situación que genera serias interrogantes sobre complicidades locales.
Detenciones, audiencias y más capturas
El Juzgado con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada ordenó detención judicial para Iván Abad Velásquez, gerente de Koriun, y Marco Abel Villeda, empleado clave. Ambos enfrentarán audiencia inicial el 3 de julio a las 9:00 a.m., acusados de asociación para delinquir.
Por su parte, Kefy Esmeralda Gavarrete, esposa de Velásquez, permanece con arresto domiciliario, aunque el MP busca revertir esta medida para que enfrente detención judicial, sumando además cargos por lavado de activos.
Se giraron capturas contra Elder Jehovany Gómez, Juan Carlos García Ríos, Deyvi Velásquez y Renán Mairena, señalados como miembros activos de esta supuesta red delictiva. La Fiscalía solicitó también intervenciones telefónicas, juramentación de peritos y traslados desde el Centro Penal de Támara, lo que evidencia la amplitud de la operación.
¿Quiénes están detrás?
Mientras avanza el caso, crecen los rumores en redes sociales sobre supuestos vínculos con políticos, maquilladores y hasta un banco, que podrían haber servido de colchón a esta estructura. Sin embargo, será el Ministerio Público quien deberá confirmar o desvirtuar el verdadero alcance de estos nexos que hoy mantienen en vilo a miles de hondureños.
El expediente de Koriun no solo expone un gigantesco fraude financiero, sino también la aparente tolerancia de autoridades locales, que permitieron su funcionamiento por más de seis años sin supervisión alguna. Redacción Allan Cerrato.