Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – La decisión de mantener la partida confidencial en el Presupuesto General 2026, equivalente al 2%, confirma que Honduras seguirá financiando una caja negra institucional, un mecanismo que por su naturaleza se presta para corrupción, manejo discrecional, operaciones políticas encubiertas y gasto sin control ciudadano real.
La designada presidencial María Antonieta Mejía justificó su continuidad amparándose en la Ley Orgánica del Presupuesto y en el artículo 449, argumentando que se trata de un instrumento de contingencia. Sin embargo, la experiencia hondureña ha demostrado que las “contingencias” terminan convertidas en un espacio permanente, sin explicaciones, sin trazabilidad clara y con escasa rendición de cuentas.
Las proyecciones del Presupuesto 2026 ubican el total entre L415 mil millones y L420 mil millones, un rango inferior al de años anteriores. Bajo esa fórmula, la partida confidencial rondaría los L9 mil millones. Aunque el monto sería menor que cifras citadas en otros periodos, el problema central permanece intacto: es dinero público con visibilidad limitada.
En un país donde el ciudadano siente que paga impuestos para sostener un Estado que no le devuelve servicios dignos, la existencia de un fondo reservado se convierte en una afrenta. Mientras la población enfrenta hospitales sin medicamentos, escuelas deterioradas, desempleo, inseguridad y extorsión, el Estado conserva una bolsa de recursos que no se detalla con el mismo rigor que el resto del presupuesto.
Lo más delicado es que la partida confidencial no solo es vulnerable a la corrupción: es un diseño que la facilita. Porque en el terreno real del poder, los fondos sin detalle son los fondos que pueden moverse sin dejar huella pública clara. Son los fondos que pueden financiar favores, operaciones silenciosas, redes de influencia y acuerdos políticos lejos de la mirada ciudadana.
Mejía afirmó que eliminar la figura no depende del Ejecutivo y que se requiere reforma legislativa. Pero esa explicación ya no convence. Si el Gobierno tiene voluntad real, puede impulsar la derogación. Y si el Congreso tiene legitimidad, puede votarla. El problema es que, históricamente, ambos poderes han convivido cómodamente con la existencia de este mecanismo.
La discusión nacional no debería centrarse en si se evitarán montos “ostentosos”. Ese enfoque es insuficiente, casi insultante. Porque el debate no es estético: es ético y estructural. El país no necesita partidas “más pequeñas” de opacidad; necesita cero opacidad.
La partida confidencial se ha convertido en una bandera de lo que Honduras debe dejar atrás: la cultura de la discrecionalidad, el gasto sin explicación y los privilegios presupuestarios que solo existen para el poder. En un Estado moderno, la transparencia no es un eslogan: es un principio operativo.
Por eso, el Presupuesto 2026 representa una prueba política de alto voltaje. Si el Ejecutivo mantiene la partida y el Legislativo la aprueba, el mensaje será claro: la retórica anticorrupción es solo discurso. Si la eliminan, sería la primera señal real de que el país empieza a cerrar las puertas históricas a los llamados dineros calientes de la corrupción.
Honduras no puede exigir confianza ciudadana mientras reserva recursos. No puede pedir sacrificios mientras conserva fondos opacos. No puede hablar de cambio mientras preserva el mecanismo más cuestionado del presupuesto.
La exigencia pública es directa: eliminen la partida confidencial. No la maquillen. No la reduzcan. No la rebauticen. Elimínenla. Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com