Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – Una normativa aprobada en 2025 por la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras ha provocado una de las discusiones institucionales más intensas de los últimos meses: exautoridades del Estado podrían conservar pasaportes diplomáticos de por vida, incluso después de abandonar sus funciones públicas.
El reglamento, identificado como Acuerdo No. 001-SG-2025, establece que expresidentes de los poderes del Estado, exsecretarios y exsubsecretarios de Cancillería, junto a sus cónyuges, tienen derecho a portar pasaporte diplomático vitalicio, una disposición que ha encendido cuestionamientos sobre ética pública, privilegios políticos y uso de beneficios institucionales.
La normativa fue firmada por el entonces canciller Enrique Reina el 6 de mayo de 2025, apenas semanas antes de abandonar su cargo para incorporarse a la campaña política de Rixi Moncada. Posteriormente fue publicada en La Gaceta el 14 de junio, consolidando legalmente un beneficio que hoy genera controversia en el país.
El pasaporte diplomático representa uno de los documentos más sensibles del sistema internacional, ya que solicita formalmente a gobiernos extranjeros otorgar trato preferencial, asistencia y facilidades diplomáticas al portador. En la práctica, significa un símbolo del Estado en el extranjero, razón por la cual su uso suele estar estrictamente limitado a quienes ejercen responsabilidades oficiales.
Sin embargo, el Artículo 13 del reglamento abre una excepción inédita al establecer que determinadas figuras políticas pueden conservar este documento de forma permanente, lo que ha sido interpretado por diversos sectores como un privilegio institucional prolongado más allá del servicio público.
Entre los nombres que podrían beneficiarse de esta normativa se encuentran Iris Xiomara Castro Sarmiento, Luis Redondo, Rebeca Ráquel Obando, así como exautoridades diplomáticas vinculadas al aparato de Cancillería como Gerardo Torres, Cindy Larissa Rodríguez y Zulmit Solemit Rivera Zúniga.
La controversia se intensificó cuando la actual canciller Mireya de Agüero ordenó recientemente la devolución de pasaportes diplomáticos y oficiales otorgados durante la administración anterior, fijando como fecha límite el 31 de marzo. Sin embargo, el reglamento vigente establece excepciones para quienes cuentan con estatus diplomático vitalicio, generando un conflicto jurídico que hoy divide opiniones.
Expertos en relaciones internacionales y derecho diplomático advierten que la tendencia global en democracias consolidadas es limitar estrictamente estos documentos al ejercicio de funciones oficiales, retirándolos cuando el funcionario deja el cargo. Esto busca evitar que los privilegios diplomáticos se conviertan en herramientas de influencia política o personal fuera del ámbito institucional.
El caso hondureño abre una discusión mucho más amplia sobre los límites del poder público y la necesidad de fortalecer mecanismos de control institucional. Para diversos analistas, la polémica refleja la urgencia de revisar normas que puedan interpretarse como beneficios permanentes para quienes han ocupado posiciones de poder.
Desde el periodismo digital, la responsabilidad es clara: exponer con rigor las decisiones que impactan la institucionalidad del país y abrir el debate público con información verificable. La transparencia no debe ser un discurso político, sino una práctica permanente que fortalezca la confianza ciudadana.
Hoy la pregunta se instala en el centro del debate nacional: ¿deben los privilegios diplomáticos sobrevivir al poder político o limitarse estrictamente al servicio del Estado?
La respuesta marcará no solo el rumbo del sistema diplomático hondureño, sino también la credibilidad de las instituciones ante una ciudadanía cada vez más vigilante. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com
