Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de Finanzas, Christian Duarte, confirmó este lunes que el gobierno proyecta recaudar alrededor de 1,300 millones de lempiras mediante la aplicación del decreto PCM 38-2025, que autoriza la recopilación de saldos no ejecutados en diversas instituciones del Estado.
El funcionario explicó que esta medida responde a la necesidad urgente de liquidez para cumplir compromisos prioritarios del gobierno, entre ellos el pago de sueldos y salarios, la cancelación de deudas con constructoras y la compra de medicamentos para el sistema público de salud.
Duarte detalló que el Ejecutivo se vio obligado a recurrir a este mecanismo tras la no aprobación de tres préstamos internacionales que superaban los 1,000 millones de dólares, uno de ellos gestionado con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), lo que presionó aún más las finanzas públicas.
En ese contexto, recordó que durante diciembre se colocaron 1,100 millones de lempiras en créditos en el mercado financiero nacional como parte de la estrategia para sostener la operatividad del Estado y cumplir con obligaciones inmediatas.
El titular de Finanzas precisó que solo se cancelarán sueldos y salarios a las instituciones que hayan cargado correctamente sus planillas en el sistema, aclarando que en este proceso no están incluidos la Policía Nacional ni el sistema educativo, debido a desajustes presupuestarios.
Según Duarte, en el sector educativo se registraron múltiples incrementos salariales que sobrepasaron el presupuesto originalmente asignado, mientras que en la Policía Nacional el problema se deriva del aumento de más de 3,000 nuevos agentes, lo que elevó de forma considerable el gasto en planillas.
El ministro también reveló que la deuda flotante del Estado ronda los 15,000 millones de lempiras, con numerosos acreedores, situación que obliga al gobierno a mantener un estricto control del flujo de caja y priorizar pagos estratégicos.
En relación con la deuda interna, explicó que actualmente las tasas de interés oscilan entre el 8 % y el 11 %, con plazos de cinco a ocho años, además de una política orientada a reducir la duración de los bonos para aliviar la presión financiera a mediano plazo.
Duarte proyectó que la ejecución presupuestaria de este año cerrará entre el 90 % y 91 %, lo que —según afirmó— representaría la más alta de la actual administración, reflejando una mayor capacidad de gasto y planificación.
El funcionario rechazó señalamientos sobre una supuesta acumulación de recursos sin uso, asegurando que el gobierno no mantendrá fondos “guardados bajo el colchón” ni en fideicomisos, en alusión a prácticas de administraciones anteriores.
Finalmente, garantizó que los altos funcionarios no cobrarán prestaciones al dejar sus cargos, al formar parte del régimen excluido, subrayando que sus únicos derechos laborales son el salario, el aguinaldo y el decimocuarto mes. Redacción Laura Valladares.