Tegucigalpa, Honduras.– La reciente cancelación del tratado de extradición con Estados Unidos ha generado un fuerte debate en el sector privado hondureño. Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), manifestó este miércoles su preocupación ante la decisión de la Presidenta Xiomara Castro, ya que considera que la medida compromete la lucha contra el crimen organizado en el país.
Gallardo resaltó la necesidad de un diálogo entre el Gobierno y los diversos sectores antes de tomar decisiones de este calibre. Según la empresaria, este tipo de acciones pueden dañar de manera significativa la imagen internacional de Honduras y afectar negativamente su economía. El Cohep insiste en la búsqueda de consenso para evitar repercusiones a nivel global.
El 28 de agosto, el Gobierno de Honduras notificó oficialmente a la Embajada de Estados Unidos la terminación del tratado de extradición, una medida que ha sido calificada por la oposición y diversos analistas como un retroceso en la lucha contra el narcotráfico. La decisión fue tomada después de una reunión entre funcionarios hondureños y el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.
Por su parte, el canciller Eduardo Enrique Reina afirmó que la cancelación del tratado responde a un temor de que el mecanismo sea utilizado como un arma política para extraditar a funcionarios o militares de alto rango. Sin embargo, la medida ha causado incertidumbre en diversos sectores del país.
La crisis se intensificó el 3 de septiembre, cuando InSight Crime divulgó un video en el que se observa a narcotraficantes negociando sobornos con Carlos Zelaya, cuñado de la Presidenta y hermano del expresidente Manuel Zelaya. A pesar de las acusaciones, Carlos Zelaya negó haber recibido dinero y aclaró que la reunión con los narcotraficantes ocurrió en 2013.
Desde la cancelación del tratado, se han producido movimientos políticos relevantes, como la renuncia del ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, quien fue sustituido por Rixi Moncada, precandidata presidencial por el partido Libre. Esta situación ha dejado preguntas sobre a quiénes busca proteger la anulación del tratado.
Más de 50 personas han sido extraditadas desde 2014, la mayoría solicitadas por Estados Unidos por delitos de narcotráfico, y la cancelación de este acuerdo podría afectar la cooperación en temas de seguridad y justicia entre ambos países. Redacción Laura Valladares.