El Gobierno hondureño prepara un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad con capacidad para aproximadamente 5,000 internos. El proyecto busca reforzar la lucha contra el crimen organizado, mientras surgen desafíos relacionados con su financiamiento, contratación y sostenibilidad.
Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – El presidente Nasry Asfura confirmó que Honduras avanzará hacia la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad, mediante un proceso de recepción de ofertas empresariales que deberá definir las condiciones técnicas, financieras y operativas de una de las principales iniciativas penitenciarias de su administración.
El anuncio fue presentado el 10 de noviembre de 2026 ante el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), durante una sesión destinada a examinar los resultados de la estrategia de seguridad y las necesidades presupuestarias de las instituciones responsables de combatir la delincuencia organizada.
La futura infraestructura tendría capacidad para aproximadamente 5,000 personas privadas de libertad, bajo un modelo que, según lo planteado por el Ejecutivo, deberá responder a parámetros internacionales de seguridad.
Asfura utilizó como referencia una instalación penitenciaria de Costa Rica, cuyo costo situó entre 35 y 40 millones de dólares, pero dejó claro que su Gobierno escuchará las propuestas de las empresas interesadas antes de seleccionar la oferta más conveniente.
El aspecto decisivo será convertir este anuncio presidencial en un proyecto técnicamente sustentado, financieramente viable y sometido a mecanismos efectivos de fiscalización pública.
La construcción de infraestructura de esta naturaleza implica decisiones que comprometen recursos estatales y requieren evaluar tanto el costo inicial como las obligaciones económicas derivadas de su funcionamiento.
La inversión penitenciaria deberá superar el examen de transparencia
La referencia económica presentada por Asfura permite dimensionar el alcance de la propuesta, aunque todavía no establece cuál será el presupuesto definitivo que Honduras destinará a la nueva prisión.
Antes de conocer el valor final, será necesario precisar las especificaciones de construcción, la localización, los sistemas de seguridad exigidos y las condiciones que se incorporarán a la contratación.
El Gobierno ha anunciado un proceso abierto para recibir ofertas, por lo que la publicación de los documentos de licitación y los criterios utilizados para evaluar propuestas será un componente fundamental de la rendición de cuentas.
La conveniencia de una inversión pública no depende únicamente del menor precio ofertado, sino también de su calidad técnica, durabilidad, seguridad y costo de mantenimiento.
El proyecto requerirá una planificación que contemple recursos humanos especializados, atención médica, servicios básicos, suministro de alimentos, mantenimiento y mecanismos de supervisión penitenciaria.
Estas obligaciones no desaparecen una vez concluida la construcción, sino que forman parte de los gastos recurrentes que deberán ser previstos por las autoridades financieras y penitenciarias.
Otro aspecto pendiente es la definición de un cronograma verificable que permita establecer cuándo se iniciarán las obras, qué etapas comprenderán y cómo se supervisará el cumplimiento contractual.
Honduras enfrenta una crisis desigual de sobrepoblación carcelaria
La propuesta presidencial adquiere relevancia frente a las condiciones existentes en los establecimientos penitenciarios del país.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) advirtió el 4 de noviembre de 2026 sobre las dificultades que genera el hacinamiento y divulgó información correspondiente a septiembre del mismo año.
De acuerdo con esos registros, la población penitenciaria hondureña alcanzaba 19,274 personas, mientras la capacidad instalada se situaba en 17,831 espacios.
Aunque esas cifras representan un exceso de 1,443 internos a escala nacional, la situación resulta más compleja porque la sobrepoblación se concentra especialmente en determinados centros.
El CONADEH identificó, por ejemplo, establecimientos como Morocelí, El Progreso, Olanchito y Danlí entre los que registraban problemas relevantes de capacidad.
Por ello, la construcción de una prisión con 5,000 espacios adicionales no garantiza automáticamente la eliminación del hacinamiento.
El resultado dependerá de qué población será trasladada, cuáles serán las condiciones de clasificación de los internos y qué medidas complementarias se adoptarán para descongestionar los centros existentes.
También será necesario distinguir entre personas condenadas y quienes permanecen sujetas a prisión preventiva, debido a las diferencias jurídicas que determinan su situación dentro del sistema penitenciario.
La planificación deberá contemplar criterios de seguridad, necesidades de tratamiento penitenciario, acceso a defensa legal y condiciones adecuadas para evitar nuevas vulneraciones de derechos.
Las capturas necesitan investigación, fiscales y capacidad judicial
La iniciativa gubernamental también está relacionada con las acciones que desarrollan las fuerzas de seguridad contra las estructuras criminales.
Durante la comparecencia del CNDS, el ministro Gerzon Velásquez informó que 145 presuntos integrantes de organizaciones delictivas habían sido detenidos como parte de la estrategia de persecución criminal.
El funcionario precisó que las personas capturadas se encuentran en diferentes etapas procesales, circunstancia que impide equiparar automáticamente una detención con una condena judicial.
El fortalecimiento de la seguridad pública exige que las investigaciones estén sustentadas en pruebas suficientes y que los expedientes avancen conforme a los procedimientos establecidos por la legislación hondureña.
Asfura también anunció gestiones para garantizar recursos adicionales a instituciones como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa y el Instituto Nacional Penitenciario.
La coordinación entre estas entidades será indispensable para que los resultados operativos puedan transformarse en actuaciones judiciales eficaces.
Una estrategia contra el crimen organizado puede debilitarse cuando aumentan las capturas, pero no crecen al mismo ritmo las capacidades de investigación, acusación y resolución judicial.
En consecuencia, el proyecto penitenciario deberá analizarse como una pieza de un sistema mucho más amplio, en el que participan policías, fiscales, tribunales y autoridades encargadas de la ejecución de las penas.
Reformas legales deberán pasar por el Congreso Nacional
El presidente adelantó que solicitará al Poder Legislativo nuevas modificaciones normativas para fortalecer la respuesta frente al narcotráfico, las maras y otras estructuras del crimen organizado.
Sin embargo, el anuncio no incluyó un articulado específico de las reformas adicionales que serán presentadas, por lo que todavía no corresponde anticipar sus efectos jurídicos.
Cualquier modificación deberá examinarse atendiendo a su contenido definitivo, las garantías constitucionales, las competencias de las instituciones y los mecanismos de control judicial.
En materia de seguridad, las autoridades también presentaron estadísticas que apuntan a una reducción del 13.1 % de los homicidios en octubre y del 38 % durante los primeros siete días de noviembre, en ambos casos frente a los períodos equivalentes de 2025.
Estos porcentajes corresponden a las cifras oficiales divulgadas durante la reunión y deben seguir contrastándose con información consolidada para evaluar su evolución y permanencia.
La disminución de los homicidios representa un objetivo fundamental, pero la evaluación integral de la política de seguridad también requiere observar la capacidad de investigación, la protección ciudadana y los resultados judiciales.
El anuncio de una nueva cárcel para 5,000 privados de libertad representa un compromiso que deberá verificarse mediante decisiones administrativas, presupuestos públicos y avances comprobables.
Para Honduras, el principal indicador de éxito no será únicamente la inauguración de una instalación penitenciaria, sino su capacidad para funcionar de forma segura, legal, transparente y sostenible.
HonduPrensa.Com dará seguimiento al proceso de contratación, las asignaciones presupuestarias, las reformas legislativas y los mecanismos de supervisión institucional, elementos indispensables para determinar si el proyecto responde a las necesidades reales del país. —Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com