Tegucigalpa, Honduras.- El mensaje de los trabajadores es directo y sin rodeos: la negociación del salario mínimo no puede seguir en pausa. Con un tono firme y creciente respaldo social, dirigentes sindicales han elevado la presión pública para que la Secretaría de Trabajo convoque de manera inmediata a la mesa tripartita, el espacio legal donde Gobierno, trabajadores y empresa privada deben definir los ajustes salariales que marcan el pulso económico del país.
Para las centrales obreras, la demora dejó de ser un asunto administrativo y se transformó en una decisión con impacto directo en la vida cotidiana de miles de familias. Alimentos, transporte y servicios básicos continúan al alza, mientras los ingresos permanecen congelados, ampliando la brecha entre salario y costo de vida.
El proceso de negociación del salario mínimo, que por ley debe instalarse antes del inicio del año, quedó atrapado entre el cierre de un gobierno y la transición al siguiente. Desde el sector trabajador se subraya que el marco legal permite iniciar las conversaciones sin esperar el relevo oficial, evitando un retraso que podría extenderse por meses y profundizar la incertidumbre laboral.
El ministro de Trabajo, Wilmer Fernández, explicó que el atraso responde a un contexto electoral marcado por la incertidumbre. Según detalló, los señalamientos de irregularidades y el clima de confrontación política dificultaron cualquier intento de instalar la mesa tripartita en tiempo y forma. Sin embargo, esa explicación no disipa la inquietud que hoy domina tanto a empleados como a sectores productivos.
Aunque los indicadores macroeconómicos apuntan a una inflación contenida, la realidad diaria del trabajador cuenta otra historia. El aumento sostenido de la canasta básica erosiona el salario real y reduce la capacidad de compra, alimentando un malestar que ya se siente en los centros laborales y en los hogares.
Desde la óptica sindical, negociar el salario mínimo no es una consigna política, sino una respuesta urgente a una economía que se encarece más rápido que los ingresos. El sector empresarial, por su parte, mantiene una postura cautelosa: reconoce la necesidad del diálogo, pero espera una convocatoria formal que establezca reglas claras y un calendario definido.
Sin esa señal, Honduras permanece en un limbo laboral, sin claridad sobre montos, plazos ni posibles ajustes retroactivos. De prolongarse la espera, el debate salarial dejará de ser técnico y podría convertirse en un nuevo foco de inconformidad nacional.
El salario mínimo no es solo una cifra en papel: es la línea que separa la subsistencia de la precariedad para miles de hogares hondureños. La urgencia está planteada y el reloj avanza. La decisión final está en manos del Gobierno. Redacción Laura Valladares.