La medida, que busca enfrentar la criminalidad y el delito de la extorsión en diversas regiones de Honduras, fue divulgada por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO). A través de un post en redes sociales, el portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, ratificó que el decreto fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta en el ejemplar PCM 03-2025.
A pesar de su vigencia, esta extensión no ha pasado aún por el Congreso Nacional, lo que ha generado incertidumbre sobre su validez y el impacto de la medida. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha afirmado que este estado de excepción es crucial para combatir los altos niveles de criminalidad en el país, pero la efectividad de la medida sigue siendo cuestionada por diversos sectores.
El impacto de la extorsión en los hogares hondureños
Según un informe reciente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la extorsión sigue siendo uno de los delitos más devastadores en Honduras. El estudio revela que más de 304,338 hogares en el país son víctimas de este delito, de los cuales 78,126 nuevos hogares fueron obligados a pagar extorsiones en 2024. Este alarmante aumento ha generado preocupación sobre la efectividad de las políticas de seguridad.
Los datos de la ASJ muestran que, en 2018, el promedio de hogares afectados por extorsión era de 182,990, cifra que fue aumentando con el paso de los años. En 2022, la cifra alcanzó 226,262 hogares, mientras que en junio de 2023 la cifra se redujo levemente a 216,836. Sin embargo, para noviembre de 2023, el número repuntó a 286,533 hogares. Con las cifras de 2024, que superan los 304,338 hogares afectados, la situación de la extorsión parece no mejorar.
¿Ha sido efectiva la medida del estado de excepción?
El estado de excepción fue implementado por primera vez hace más de dos años con el objetivo de frenar el crecimiento de la extorsión y otros delitos relacionados con el crimen organizado. Sin embargo, los resultados de esta medida no han sido tan positivos como se esperaba. A pesar de la intensificación de las operaciones de seguridad y el despliegue de fuerzas en diversas zonas del país, los indicadores de extorsión continúan al alza.
Los expertos en seguridad cuestionan la efectividad del estado de excepción como una solución a largo plazo. La falta de un enfoque integral que también ataque las causas estructurales de la criminalidad, como la pobreza y la falta de oportunidades, ha sido una de las críticas más recurrentes hacia la medida.
La respuesta de las autoridades y la falta de transparencia
A pesar de la extensión del estado de excepción, las autoridades hondureñas siguen enfrentando críticas por la falta de transparencia en la implementación de estas políticas. El hecho de que el decreto no haya sido publicado en las páginas oficiales de la Secretaría de Seguridad ni en las redes sociales del gobierno ha generado desconfianza en la ciudadanía y la comunidad internacional.
El gobierno de Xiomara Castro insiste en que el estado de excepción es una herramienta necesaria para combatir el crimen organizado y restaurar el orden en el país. Sin embargo, con los niveles de extorsión y criminalidad en aumento, muchos se preguntan si esta medida será suficiente para enfrentar los profundos problemas de seguridad que aquejan a Honduras.
El futuro de la seguridad en Honduras: ¿Más medidas de emergencia?
A medida que los índices de criminalidad siguen siendo elevados y las cifras de extorsión no muestran signos de disminución, los hondureños esperan respuestas más efectivas y un enfoque más amplio en la lucha contra el crimen. La pregunta que queda en el aire es si el estado de excepción será suficiente para lograr una disminución significativa de los delitos o si se necesitarán nuevas estrategias y políticas públicas para abordar de manera integral la seguridad en el país.
La comunidad internacional, al igual que las organizaciones de derechos humanos, también están observando de cerca la situación en Honduras. La comunidad internacional ha expresado preocupación por los derechos civiles y las posibles violaciones que puedan surgir de la implementación de este tipo de medidas sin el debido respaldo legal y democrático.
El futuro de la seguridad en Honduras dependerá de las políticas que el gobierno decida adoptar, pero con la extorsión afectando a un número creciente de hogares, parece claro que se requiere un enfoque más profundo y transformador para hacer frente a los desafíos de seguridad en el país. Redacción QuienOpina.
