Tegucigalpa, Honduras.- Mirna Wood se ha convertido en la figura central de una nueva controversia política y social en Honduras, al lanzar una fuerte advertencia al Gobierno sobre la construcción de un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) en Mocorón, en el departamento de Gracias a Dios.
La dirigente de los pueblos misquitos, desde su exilio, ha dejado claro que, de continuar el proyecto, no permitirá el inicio del año escolar en la región. Su declaración fue difundida a través de un video en redes sociales, donde, de forma tajante, afirmó: «El año escolar queda suspendido hasta que la señora presidenta cancele la idea de llevar una cárcel en La Mosquitia.»
Esta amenaza se suma a una creciente tensión en la zona, donde las comunidades misquitas han expresado su rechazo al proyecto de construcción del CRE. Wood también advirtió que si el gobierno persiste en su decisión, «no habrá elecciones internas en el departamento de Gracias a Dios». De esta forma, la dirigente envió un ultimátum directo a la presidenta Xiomara Castro, quien ha mostrado su respaldo al proyecto. El pueblo misquito, según Wood, se acoge al Convenio 169 de la OIT, que protege sus derechos territoriales, y están dispuestos a defender su tierra “hasta las últimas consecuencias”.
En respuesta a estas declaraciones, el general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto, reiteró la postura del Gobierno, confirmando que la construcción de la cárcel en Mocorón sigue en pie. «Está en proceso, vamos a realizarla, pero siempre vamos a llevar ese diálogo con los pobladores de La Mosquitia,» afirmó Hernández, quien hizo énfasis en que el diálogo y la capacidad de comunicación entre ambas partes son clave para lograr una solución pacífica. Según el general, la administración busca un enfoque de «ganar-ganar», y sostiene que la oposición al proyecto podría estar influenciada por intereses ajenos a la causa común de la región.
Por su parte, la ministra de Defensa, Rosa Elena Moncada, también se manifestó al respecto, defendiendo la construcción del CRE en Mocorón. Según Moncada, la decisión fue tomada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) y está directamente relacionada con la lucha contra el narcotráfico en la región. La ministra destacó que, aunque algunos opositores puedan tener motivos legítimos, existen intereses vinculados a la criminalidad organizada en la zona que han utilizado la región de La Mosquitia como un corredor para el tráfico de drogas.
Moncada también subrayó la importancia de mantener el estado de derecho y de garantizar que el bien común no se vea afectado por intereses personales. En este contexto, la ministra instó a evaluar cuidadosamente las protestas contra la construcción de la cárcel, sugiriendo que algunas de las objeciones podrían estar motivadas por intereses de quienes buscan proteger sus actividades ilícitas en la zona.
El conflicto sobre la construcción del Centro de Reclusión de Emergencia en Mocorón refleja una lucha de poder entre los derechos territoriales de las comunidades misquitas y las políticas de seguridad del Gobierno de Honduras. La tensión continúa creciendo, y las próximas semanas podrían ser cruciales para determinar el futuro de este proyecto y su impacto en las relaciones entre las autoridades y las comunidades indígenas. Redacción Martha C.C.