Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com — Un recurso de inconstitucionalidad encendió el debate nacional al impugnarse la prórroga del estado de excepción, extendido hasta el 27 de diciembre, a tan solo un año de las elecciones generales del 2025. La acción, presentada ante la Sala de lo Constitucional, argumenta que la medida vulnera derechos fundamentales que sostienen la participación democrática: libre circulación, reunión y ejercicio político.
El decreto vigente, aprobado el 12 de noviembre, amplía por 45 días una política que ya suma casi tres años aplicada en gran parte del territorio. El gobierno sostiene que la medida es indispensable para contener la violencia del crimen organizado y proteger la seguridad nacional, aunque sectores críticos aseguran que su impacto real en la ciudadanía está generando alarma.
Para voces opositoras, el país enfrenta un clima de incertidumbre. El diputado liberal Jhosy Toscano denunció que esta prórroga representa “un atentado contra las elecciones”, asegurando que la restricción de movilidad puede afectar el libre desplazamiento de los votantes. Organizaciones de derechos humanos coinciden en que prolongar la suspensión de garantías en un momento tan decisivo pone en riesgo la confianza ciudadana y podría erosionar la institucionalidad democrática.
En total, el estado de excepción cubre 226 municipios, afectando al 91% de la población, una cifra que organizaciones como la ASJ consideran alarmante. Señalan que mantener este régimen en pleno contexto electoral abre la puerta a cuestionamientos internacionales y podría comprometer la percepción de legitimidad del próximo proceso.
La Corte Suprema de Justicia deberá examinar el recurso y determinar si la prórroga respeta el marco constitucional. Mientras tanto, Honduras avanza hacia unas elecciones sin precedentes: una jornada que podría realizarse bajo un estado de excepción, entre tensión social, dudas jurídicas y expectativas políticas en aumento. Redacción Laura Valladares.