Tegucigalpa, Honduras.- En una decisión que profundiza la crisis institucional y redefine el pulso del poder legislativo hondureño, la Junta Directiva del Congreso Nacional, encabezada por Luis Rolando Redondo Guifarro, designó e instaló la Comisión Permanente, una medida que entra en vigencia desde este 1 de noviembre de 2025, tras ser firmada oficialmente el 31 de octubre.
La resolución, sustentada en el artículo 207 de la Constitución de la República y en el numeral 2 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, establece que la nueva Comisión Permanente asumirá todas las funciones y atribuciones del Congreso Nacional mientras se mantenga activa. La decisión se produjo pese a una autoconvocatoria promovida por diputados opositores, quienes buscaban impedir precisamente la instalación de dicho órgano.
El documento oficial fue rubricado por Luis Redondo, presidente del Congreso, y Hugo Noé Pino, primer vicepresidente, en el Salón de Retratos de la sede legislativa. La Comisión quedó integrada por los diputados Luis Redondo, Hugo Noé Pino, Angélica Smith, Juan Barahona, Osman Chávez, Fabricio Sandoval, Carlos Raudales, Karen Martínez y Silvia Bessy Ayala. Como suplentes figuran Kritza Pérez, Sherly Arriaga, Linda Donaire y Edgardo Casaña.
La convocatoria de Redondo, realizada para las 9:00 de la noche del 31 de octubre, culminó en la formalización de la Comisión Permanente, mientras las bancadas opositoras mantenían su intento de sesionar por cuenta propia. La decisión de la directiva se impuso con carácter inmediato y fue publicada bajo la orden de “Publíquese”.
Entre las primeras reacciones, el diputado Carlos Umaña, del Partido Salvador de Honduras (PSH), expresó una fuerte condena: “Los delitos de traición a la patria no prescriben y pronto lo pagarán”, advirtió, marcando un tono de ruptura y desafío político ante lo que calificó como un acto de abuso de poder.
La instalación de esta Comisión acentúa la división en el Congreso Nacional, donde la oposición denuncia decisiones unilaterales, mientras el oficialismo sostiene que se trata de un procedimiento estrictamente legal y constitucional. El país entra así en un nuevo episodio de tensión política, con la mirada puesta en cómo este órgano legislativo ejercerá su autoridad en los próximos días. Redacción Martha C.C.