Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – Rixi Moncada convirtió el caso del fiscal general Johel Zelaya en una bandera de combate político al denunciar que el juicio aprobado en el Congreso Nacional constituye un “golpe institucional”. Sus palabras no fueron un simple comentario de coyuntura: fueron una acusación frontal que dibuja un país al borde de otra confrontación severa entre poder político, institucionalidad y calle.
El detonante fue la resolución del Legislativo, que el lunes 23 de marzo admitió con 93 votos la denuncia de juicio político contra el fiscal general. La decisión fue respaldada por una mayoría parlamentaria, abriendo un proceso que cambió de inmediato el equilibrio del poder y colocó al Ministerio Público en el centro de una tormenta nacional. La lectura de Libre fue inmediata: no ven un trámite político normal, sino una maniobra de gran calado contra una institución clave.
Desde X, Moncada cargó con dureza contra lo que llamó el viejo engranaje del bipartidismo, afirmando que la medida fue impulsada “violando todas las leyes”. En su mensaje, mezcló el reclamo institucional con la angustia cotidiana del pueblo hondureño, señalando que mientras la población sufre por el precio de los alimentos y del combustible, la clase política estaría concentrada en una lucha feroz por el dominio del Estado. Esa combinación de denuncia legal más indignación social da a su postura una potencia discursiva de alto impacto.
El proceso además tuvo consecuencias inmediatas. Diversos reportes señalaron que Johel Zelaya quedó suspendido del cargo, mientras el Congreso avanzó con la integración de una comisión especial para conducir el expediente político. A la vez, se informó que Marcio Cabañas quedó al frente del Ministerio Público durante el desarrollo del juicio, lo que refuerza la dimensión real del golpe de timón institucional ocurrido en cuestión de horas.
La reacción de Rixi Moncada no fue casual ni aislada. Llega en un momento en que Libre busca posicionarse como el principal muro de contención frente a lo que considera una restauración de viejas prácticas políticas. Su mensaje apunta a consolidar una narrativa de resistencia, movilizar a su base y sembrar en la ciudadanía la idea de que Honduras atraviesa un episodio decisivo para su futuro inmediato. En términos políticos, cada palabra fue lanzada para encender, cohesionar y confrontar.
Ahora la escena queda abierta a una disputa mayor. El juicio político contra el fiscal ya no es solo un expediente parlamentario: se volvió un símbolo de la guerra por el relato nacional. Para unos, representa un acto de control político; para otros, una embestida contra la institucionalidad. Lo cierto es que el país entra en una zona de máxima presión, donde cada decisión del Congreso, cada respuesta de Libre y cada reacción ciudadana puede redefinir el pulso de la política hondureña en 2026. La gran pregunta ya está en la calle: ¿defensa de la ley o avance de un nuevo bloque de poder?. Redacción Allan Cerrato.