Tegucigalpa, Honduras.- El Juzgado en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción ha decretado auto de apertura a juicio oral para la exministra de Finanzas, Rocío Tábora, junto a tres exfuncionarios más. Este proceso se deriva de supuestas irregularidades en la compra de hospitales móviles durante la pandemia de COVID-19, generando un gran impacto en las finanzas del país.
Audiencia Preliminar Concluye con Decisión Judicial
En la audiencia preliminar celebrada este viernes, el Juzgado determinó la apertura del juicio para Rocío Tábora, Carlos Luis Guevara, Héctor Ferrera y Daniel Ardón. Los imputados enfrentarán la justicia por fraude y violación de deberes como funcionarios, actuando como cooperadores necesarios en los hechos investigados.
Acusaciones Relacionadas a la Compra de Hospitales Móviles
La acusación central contra los imputados se enfoca en la compra irregular de hospitales móviles que no cumplían con las condiciones requeridas para el tratamiento y aislamiento de pacientes de COVID-19. Este caso ha sido uno de los más sonados en términos de corrupción y mal manejo de recursos públicos durante la crisis sanitaria.
Impacto Económico Supera los 47 Millones de Dólares
El perjuicio económico por la compra de los hospitales móviles supera los 47 millones 512 mil 564 dólares, lo que equivale a más de mil 174 millones de lempiras. Este monto ha generado un profundo impacto en las finanzas públicas de Honduras, y las autoridades buscan resarcir el daño a través de este proceso judicial.
Condenas Previas Vinculadas al Caso de Invest-H
En relación a este expediente, ya se dictaron sentencias condenatorias para Marco Bográn, exdirector de Invest-H, quien recibió una pena de 10 años y 11 meses de cárcel por fraude agravado. Asimismo, Alex Moraes, exgerente administrativo de la misma institución, fue inhabilitado por más de nueve años para desempeñar cargos públicos por la violación de los deberes de los funcionarios.
Expectativas y Próximos Pasos del Proceso Judicial
Con la apertura a juicio oral, se espera que este caso siga su curso en los tribunales de justicia, buscando clarificar la responsabilidad de los imputados en la compra irregular de los hospitales. La ciudadanía y diversas organizaciones se mantienen a la expectativa de un fallo que contribuya a la transparencia y justicia en el manejo de los recursos del Estado. Redacción Ruth Corrales R.