Tegucigalpa, Honduras | HonduPrensa.Com – En un ejercicio de prudencia jurídica y visión de Estado, la Sala de lo Constitucional emitió una resolución que ordena el escenario institucional y reafirma que el juicio político constituye el primer filtro constitucional antes de cualquier acción penal contra funcionarios electos por el Congreso Nacional.
La admisión del amparo con efectos suspensivos no representa un privilegio personal, sino una garantía inherente al cargo, diseñada para proteger la independencia decisional, evitar presiones indebidas y preservar el funcionamiento eficaz de las instituciones. La Corte actúa con equilibrio, reconociendo facultades investigativas del Estado, pero encuadrándolas dentro del orden constitucional.
El razonamiento judicial destaca que la responsabilidad política y la responsabilidad penal no se excluyen, pero se activan en secuencia, conforme a los principios de proporcionalidad y mínima intervención. De este modo, la Sala armoniza legalidad, estabilidad institucional y derechos fundamentales, evitando que la justicia penal se convierta en un factor de disrupción democrática.
La resolución fija comunicaciones, plazos y controles, y exige informes circunstanciados, reforzando la transparencia procesal y la certeza jurídica. El efecto inmediato es un marco claro para la actuación de las instituciones, sin menoscabar la rendición de cuentas ni el interés público.
Más allá del caso concreto, el pronunciamiento fortalece la arquitectura democrática, consolida el respeto a la Constitución y proyecta un mensaje de madurez institucional. La Sala se posiciona como garante del equilibrio republicano, preservando la legalidad con un tono diplomático, firme y responsable, acorde a los desafíos del momento histórico. Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com