Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacit), encabezada por el ministro Luther Castillo Harry, se encuentra en el ojo del huracán tras adjudicar una compra de 496 laptops por 12.5 millones de lempiras a Dicomarca, una empresa dedicada a la construcción sin historial comprobado en tecnología.
La adquisición, realizada mediante la licitación pública nacional LPN-IHCIETI-FC-004-2025, fue cuestionada por un informe técnico de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLCC), el cual evidencia serias irregularidades en el proceso de adjudicación.
Oferta más cara fue la ganadora
Según el informe, Dicomarca presentó la segunda oferta más alta, mientras que la propuesta más económica no alcanzaba los 6.5 millones de lempiras, es decir, casi la mitad del monto adjudicado. Senacit justificó la selección alegando una supuesta urgencia en la entrega, ya que Dicomarca ofreció entregar en 20 días frente a los 60 días de sus competidores.
Sin embargo, la STLCC señaló que el plazo de entrega no fue un criterio oficial de evaluación y que la urgencia no fue documentada ni justificada normativamente, lo que representa una falla grave en el procedimiento.
Informe técnico revela múltiples deficiencias
El análisis de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) reveló una serie de deficiencias que ponen en duda la legalidad del proceso:
-
Estudio de mercado insuficiente.
-
Demanda inflada sin respaldo técnico.
-
Empresa sin experiencia tecnológica.
-
Criterios de evaluación inconsistentes.
-
Comisión evaluadora incompleta.
-
Fallos en control interno.
Estas irregularidades podrían constituir violaciones a la Ley de Contratación del Estado, la Ley de Presupuesto y el Código de Ética del Servidor Público.
Reacciones y solicitudes de investigación
El diputado José Manuel Matheu calificó como “irracional” pagar 6 millones de lempiras adicionales por un adelanto de entrega. Asimismo, el director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, solicitó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y al Ministerio Público una investigación formal para determinar si hubo favoritismo o colusión.
Por su parte, el ministro Luther Castillo emitió un comunicado rechazando las acusaciones, asegurando que la decisión respondió a experiencias previas de incumplimientos en entregas. No obstante, el informe de la STLCC contradice esa versión, afirmando que la urgencia alegada carece de sustento documental.
Posibles consecuencias legales
La Secretaría de Transparencia recomendó remitir el expediente al TSC, para evaluar responsabilidades administrativas, civiles o penales, y reforzar los controles en adquisiciones públicas.
Este caso agudiza la percepción de opacidad en la gestión de recursos públicos y genera presión sobre el gobierno de Xiomara Castro para demostrar transparencia y eficiencia en sus procesos de contratación. Redacción Marha C.C.