Tegucigalpa, Honduras.- La designada presidencial María Antonieta Mejía confirmó alcance de la Circular de Servicio Civil (04-02-2026), documento oficial que declara sin valor varios dictámenes administrativos emitidos fuera del marco legal, acción que impacta procesos de contratación pública en distintas entidades estatales. La funcionaria explicó que la decisión responde a una revisión interna orientada a restablecer el orden institucional, luego de detectar aprobaciones realizadas sin cumplir requisitos formales establecidos.
Mejía precisó que cada Secretaría posee facultad administrativa para incorporar personal, sin embargo Servicio Civil mantiene potestad rectora para revisar actos que no respetaron procedimiento, perfil técnico, sustento presupuestario. Bajo esa línea, señaló que los focos más críticos surgieron en la Secretaría de Salud, donde —según indicó— se otorgaron nombramientos sin respaldo normativo, situación que ahora enfrenta un proceso de corrección. El anuncio abre un debate nacional sobre transparencia estatal, uso responsable de plazas públicas, control de decisiones administrativas.
“La meta consiste en reorganizar de forma responsable el recurso humano del Estado mediante Servicio Civil. No hablamos de medida masiva, sino de acción específica para enmendar actos ejecutados fuera de norma”, afirmó Mejía, en declaración que marca un giro firme en la supervisión del aparato público. La postura refuerza narrativa de control institucional, disciplina administrativa, defensa de procedimientos formales, aspecto que genera amplio interés ciudadano ante impacto directo en estructura estatal.
La circular aplica únicamente a resoluciones aprobadas entre agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, además de parte de enero de 2026, lapso que —de acuerdo con la funcionaria— registró decisiones aceleradas que omitieron pasos esenciales. Según detalló, se ignoraron filtros técnicos, evaluaciones jurídicas, controles previos, lo que compromete legalidad de esos actos.
Mejía recalcó que la finalidad central consiste en garantizar que futuras contrataciones se desarrollen bajo criterios de legalidad, responsabilidad, transparencia, evitando repetición de prácticas irregulares que deterioran confianza ciudadana. La medida representa señal clara de ajuste institucional, control normativo, disciplina administrativa, en un contexto donde la población exige claridad en uso de recursos públicos. El movimiento de Servicio Civil no solo corrige expedientes, también redefine mensaje político: orden, control, respeto a norma, prioridad institucional. Redacción Ruth Corrales.