Tegucigalpa, Honduras.- La renuncia de José Carlos Cardona al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) no logró cerrar el capítulo del escándalo que sacude al gobierno de Xiomara Castro. Por el contrario, el foco público ahora apunta con más fuerza a la diputada Isis Cuéllar, quien permanece en su curul y guarda un silencio cómplice, sin rendir cuentas por el manejo de al menos L1,875,000 en ayudas sociales, presuntamente entregadas con fines políticos.
El video difundido el 23 de junio en redes sociales mostró a Cuéllar, diputada de Libre por Copán, conversando con Cardona y reconociendo que dichos fondos fueron distribuidos entre militantes del partido oficialista. Este contenido audiovisual desató una tormenta política y ciudadana que sigue creciendo.
“El pueblo hondureño tiene derecho a saber cómo se gastó ese dinero que era para combatir la pobreza, no para premiar activistas”, denunció el abogado Juan Carlos Barrientos, quien calificó el silencio de Cuéllar como “una falta grave de responsabilidad política”.
Víctor Hugo Romero, diputado suplente, elevó el tono al exigir la intervención del Ministerio Público en Copán para investigar el destino real de esos recursos. Según él, las ayudas terminaron en manos de familiares, jubilados y operadores políticos, distorsionando por completo el objetivo social de Sedesol.
Por su parte, el penalista Kenneth Madrid sostuvo que la salida de Cardona fue apenas un paso correcto, pero insuficiente. “Aquí debe haber consecuencias legales. Cuéllar debería solicitar una licencia en el Congreso para no entorpecer investigaciones”, advirtió, subrayando que el silencio de la diputada erosiona la confianza ciudadana y daña la credibilidad del gobierno.
Mientras tanto, organizaciones civiles y analistas coinciden en que este caso no puede archivarse solo con una dimisión. “Sería una burla cerrar el expediente sin procesar a los responsables del manejo clientelar de fondos públicos”, reclamó Barrientos.
Al margen de las exigencias, Isis Cuéllar continúa sin dar la cara. Su mutismo alimenta la indignación popular y refuerza la percepción de impunidad que tanto daña la imagen de las instituciones. Para muchos hondureños, el caso Sedesol se ha convertido en un símbolo del viejo vicio de usar el dinero del Estado para fines partidarios.
“Aquí hay pruebas contundentes y un video explícito. El Ministerio Público tiene el deber constitucional de actuar de oficio”, concluyó Madrid. La ciudadanía sigue atenta y exige que la justicia prevalezca, sin importar los colores políticos. Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com