Tegucigalpa, Honduras.- 2025 La reciente querella penal presentada por la Secretaría de Finanzas de Honduras (Sefin) contra Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces (RCV), ha generado una fuerte controversia y alarma tanto a nivel nacional como internacional. La querella está basada en un reportaje publicado por RCV en el que se denuncia un presunto sobregiro de 6.500 millones de lempiras, equivalentes a más de 250 millones de dólares, en la Tesorería General de la República. Este monto habría sido destinado a la organización de las elecciones primarias y administrado por la Sefin, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Banco de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
La Denuncia de RCV: Un Caso de Irregularidades Financieras
El informe de RCV detalló cómo estos fondos habrían sido mal gestionados, haciendo énfasis en las irregularidades que afectarían la transparencia en la administración pública. Según la emisora, los fondos fueron utilizados sin una justificación clara, lo que generó sospechas sobre el uso indebido de recursos públicos en un proceso electoral. Esta denuncia provocó la acción judicial de la Sefin, que acusa al medio de comunicación de injurias y calumnias.
RCV, por su parte, defendió su reportaje como un ejercicio legítimo de periodismo investigativo, señalando que la información presentada se basa en datos verificables y confiables, obtenidos de fuentes directas relacionadas con la administración pública. Además, la emisora expresó su rechazo a cualquier intento de censura y a las presiones que buscan silenciar la labor periodística que busca hacer responsable a los funcionarios públicos.
La Posición de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organización dedicada a la defensa de la libertad de prensa en América, ha condenado enérgicamente la querella contra RCV. Según la SIP, la acción judicial en contra del periodista Dagoberto Rodríguez representa un claro intento de intimidación judicial con el objetivo de frenar la investigación periodística y desincentivar el ejercicio libre del periodismo en el país.
José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, subrayó que las querellas penales contra periodistas por ejercer su labor son una violación directa de los principios democráticos y un ataque contra la libertad de expresión. Dutriz afirmó que las acciones judiciales como esta constituyen un mecanismo de censura que vulnera los estándares internacionales sobre la libertad de prensa, como los establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Declaración de Chapultepec. Esta declaración, que defiende el derecho de los periodistas a difundir la verdad sin temor a represalias, es clave para garantizar que los medios puedan realizar su labor sin presiones externas.
Carlos Jornet, vicepresidente segundo de la SIP y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, destacó la importancia de mantener un escrutinio público sobre la gestión de los recursos públicos. Afirmó que, en lugar de recurrir a acciones legales contra los periodistas, los funcionarios públicos deberían fomentar un ambiente que respete la prensa libre y apoye el trabajo de los medios de comunicación en su misión de garantizar la transparencia gubernamental.
El Contexto de la Libertad de Prensa en Honduras
Este caso no es aislado en el contexto de la libertad de prensa en Honduras. En los últimos años, el país ha sido escenario de varias acciones judiciales contra periodistas que han ejercido su derecho a informar sobre temas de interés público. A principios de 2025, la SIP expresó su preocupación por una querella interpuesta por el Sistema Nacional de Emergencia 911, que acusó a periodistas del diario El Heraldo de injurias, debido a la publicación de información relacionada con la gestión de recursos públicos.
Además, en febrero de 2025, la SIP condenó una campaña de intimidación promovida por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien inició acciones legales contra 12 medios de comunicación con el fin de obligarlos a revelar sus fuentes de información. Aunque este militar retiró las demandas, el hecho sigue generando preocupación sobre la autonomía de los medios en Honduras y el peligro de la autocensura.
El Impacto de la Querella en el Periodismo Investigativo
La querella contra Dagoberto Rodríguez y Radio Cadena Voces representa un serio desafío para el periodismo investigativo en Honduras. Este tipo de procesos legales son vistos como una forma de coartar la libertad de expresión y de intimidar a los periodistas que buscan exponer irregularidades en la gestión pública. Las presiones y amenazas legales pueden tener un efecto negativo en el ejercicio del periodismo, ya que muchos periodistas pueden optar por la autocensura para evitar posibles represalias judiciales o físicas.
La SIP ha enfatizado que el periodismo investigativo es fundamental para la rendición de cuentas, ya que permite a la ciudadanía conocer los abuses de poder y irregularidades en la administración pública. Al tratar de callar a los periodistas que denuncian estos hechos, el gobierno de Honduras corre el riesgo de socavar la democracia y el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre la gestión de los recursos del Estado.
La Necesidad de Proteger la Libertad de Expresión
A pesar de los desafíos, RCV ha afirmado que continuará con su labor de periodismo independiente y de denuncia social, reiterando que su misión es garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. La emisora se compromete a no ceder ante presiones externas ni a callar la verdad sobre el mal uso de los fondos públicos.
El caso de Radio Cadena Voces pone de manifiesto la importancia de proteger la libertad de expresión y de asegurar que los periodistas puedan trabajar sin miedo a represalias legales o políticas. Las autoridades deben garantizar que el periodismo investigativo pueda desempeñar su rol sin obstáculos, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia en Honduras. Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com