Tegucigalpa, Honduras.- En los últimos tres años, la relación entre Honduras y Estados Unidos ha transitado por una peligrosa senda de tensión política, acumulando episodios que hoy tienen en vilo no solo los acuerdos diplomáticos y comerciales, sino también el futuro de miles de migrantes amparados bajo el TPS.
El primer pico crítico surgió en septiembre de 2022, cuando el canciller Enrique Reina tildó a las ZEDEs de “aberración jurídica”, asegurando que surgieron de un narcoestado impuesto con fraude. Un mes después, el 25 de octubre, Reina endureció su tono y exigió respeto a EE.UU., sugiriendo que buscaban desestabilizar el país e influir en leyes energéticas.
Para noviembre de 2023, el ambiente se tornó más hostil tras la elección del nuevo Fiscal General, un proceso que generó reclamos diplomáticos norteamericanos. Reina contestó con firmeza: “Deben respetar la decisión soberana tomada por el Congreso”, marcando un fuerte distanciamiento institucional.
En julio de 2024, la controversia escaló cuando Reina respondió a la embajadora Laura Dogu: «Sería más importante que cooperen a que quieran decirnos qué hacer», en el contexto de cárceles alejadas de zonas pobladas. El 28 de agosto, la presidenta Xiomara Castro denunció el tratado de extradición con EE.UU. tras acusar a Dogu de “injerencista”, en medio de un escándalo narco que salpicó a su cuñado Carlos Zelaya.
Ese mismo día, Reina consideró «insufrible el irrespeto e injerencia» de Dogu, mostrándose decepcionado por contactos militares hondureños con oficiales venezolanos. En diciembre de 2024, el canciller replicó declaraciones sobre corrupción asegurando: “Nosotros no podemos intervenir funcionarios de otro Estado… la corrupción es terrible en este país, pero no es tarea de la embajada arreglarla”.
El 2025 comenzó aún más tenso. El 1 de enero, Xiomara Castro amenazó con retirar la base de Palmerola si EE.UU. imponía represalias migratorias contra hondureños, un tema directamente vinculado al TPS (Estatus de Protección Temporal), que otorgaba a miles de compatriotas la posibilidad de vivir y trabajar legalmente en territorio estadounidense.
En mayo, el gobierno hondureño acusó a EE.UU. de querer “sembrar zozobra” con alertas de violencia en el proceso electoral, insistiendo en que en Honduras «vivimos en paz, aquí no hay terrorismo». El 20 de junio, la candidata presidencial oficialista Rixi Moncada encendió más la hoguera diplomática, declarando que la soberanía del país «no la representa ninguna embajada, sino el pueblo que quiere dignidad».
Todo este clima de choques reiterados y mensajes duros podría haber incidido en el reciente fin del TPS para Honduras, pues fuentes diplomáticas sugieren que la creciente tensión y desconfianza mutua habrían dificultado las renovaciones automáticas del beneficio, dejando a decenas de miles de hondureños expuestos a la deportación o a perder sus empleos en Estados Unidos.
El deterioro de la relación con Washington amenaza no solo la migración protegida, sino también la cooperación en seguridad, comercio e inversión extranjera, pilares fundamentales para el frágil crecimiento económico hondureño. Redacción Bruce Villatoro CEO HonduPrensa.Com